En el Senado se ha presentado un iniciativa de reformas al Código Penal Federal, en materia de violación a la privacidad y correcto desarrollo psicosexual de las personas, que implicaría sanciones para aquellos que publiquen fotografías intimas de terceros en la red sin su consentimiento.

En la iniciativa se señala que la pornografía no consensual, porno de venganza o revenge porn como se le conoce en inglés, consiste en distribución de imágenes sexualmente gráficas de las personas sin su consentimiento, “incluyendo imágenes originalmente obtenidas mediante métodos insidiosos (por ejemplo, grabaciones ocultas o grabaciones de agresiones sexuales), así como imágenes originalmente obtenidas con el consentimiento, por lo general en el contexto de una relación privada o confidencial (por ejemplo , las imágenes que con consentimiento otorga su pareja)”.

El documento presentado a la consideración de los legisladores establece que este “delito se fundamenta esencialmente en la extrema violación a la privacidad de una persona, afectando su reputación, su integridad, su moral, su desarrollo psicosexual y su entorno (familiar, laboral, etc.”).

Las víctimas de la pornografía no consensual viven graves daños como son la pérdida de oportunidades profesionales y educativas, y los daños psicológicos, además de que también tiene como consecuencia el acoso, ya que en ocasiones suelen publicarse las imágenes con la información de contacto de una persona.

Así, muchas víctimas de pornografía no consensual se ven acechadas por la realización de llamadas anónimas y correos. El miedo en las víctimas puede ser profundo; no existe seguridad al abandonar su hogar.

Las víctimas de estas conductas pueden desarrollar enfermedades como ansiedad, pánico, anorexia nerviosa o depresión.

En la iniciativa se propone definir que comete el delito de abuso por divulgación toda persona que fotografíe o grabe, mediante cualquier método, la imagen desnuda, parcial o total, de una persona y, subsecuentemente, distribuya la imagen a cualquier medio, virtual o impreso, de divulgación pública, sin su consentimiento.

También se considera que este delito lo comete la persona que distribuya mediante cualquier medio, virtual o impreso, sin consentimiento estas imágenes. La pena aplicable en ambos casos será de dos a cinco meses de prisión y hasta cien días de multa.

Además, como parte de la reparación del daño se establece que aquel medio que este divulgando públicamente las imágenes, deberá removerlas de forma inmediata a petición de la víctima. De no hacerlo se le impondrán trescientos días de multa.

En Estados Unidos ya 18 estados han legislado en la materia y lo mismo ha hecho Japón. En California ya se dio la primera sentencia por este delito.


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