Al resolver un amparo directo en revisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en los casos de publicidad engañosa la persona responsable está obligada a demostrar que su conducta no es ilícita, al darle la razón a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de Adidas de México por sus zapatos deportivos “Easy Tone” fabricados bajo la marca Reebok.

La Profeco promovió esta acción colectiva por considerar que la empresa hizo propaganda falsa y sin sustento jurídico de sus zapatos deportivos “Easy Tone”, al afirmar que con el uso de éstos la persona que los utilice tendrá “más firmeza y tonicidad en los músculos de los glúteos en un 28%, así como más fortaleza en los músculos de la pantorrilla y en los tendones en un 11%, comparado con un zapato común para caminar”.

Tanto en primera como en segunda instancia se absolvió a la empresa al considerarse que la Procuraduría no aportó el material probatorio suficiente que acreditara que la publicidad difundida por el proveedor era engañosa y, consecuentemente, no se acreditaban los elementos de la acción.

La Primera Sala revocó la sentencia recurrida al considerar que cuando se trata de la afectación de derechos de los consumidores, es el proveedor el que debe desvirtuar los indicios aportados por los consumidores sobre publicidad engañosa y comprobar que la información publicitada es exacta, veraz, moderada, justa, real u objetiva en los términos en que fue ofertada.

Los ministros destacaron que la información o publicidad que difundan los proveedores por cualquier medio o forma debe de ser comprobable. Además de que se debe tomar en cuenta que los consumidores no cuentan con la información y aptitudes técnicas y científicas para aportar elementos de prueba que demuestren que la información no cumple con las características que exige la ley.

En esta situación, es el proveedor el que se encuentra en una situación de ventaja frente al consumidor, pues conoce la eficacia del producto ofrecido y cuenta con la información para aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su publicidad no induce al error o genera un daño o perjuicio al consumidor.

La Primera Sala subrayó que exigir a los consumidores aportar pruebas irrefutables para demostrar que la información es inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa, haría nugatorio su derecho al acceso a la justicia, pues nadie puede conocer mejor que el proveedor el proceso de producción del bien que comercializa y publicita.

Los ministros devolvieron el asunto a un Tribunal Colegiado para que, tomando en cuenta la interpretación constitucional de la Primera Sala, “se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución a efecto de salvaguardar los derechos previstos en el artículo 28 constitucional en relación con la protección al consumidor”.

En Estados Unidos, en 2011, también se presentó una demanda colectiva en contra de esta empresa por la publicidad engañosa, promovida por la Federal Trade Commission, FTC, y que no llegó ante un jurado porque se logró un acuerdo extrajudicial por 25 millones de dólares.

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción total o parcial con crédito a miabogadoenlinea.net