Una comisión de doce representantes de los ahorradores de Ficrea S.A. de C.V, Sociedad Financiera Popular presentaron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una reclamación por responsabilidad patrimonial del estado al haber perdido sus ahorros.

La responsabilidad patrimonial del estado está prevista en el artículo 113 de la Constitución que establece “la responsabilidad del estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares”, señalando que dicha responsabilidad “será objetiva y directa” y que los “particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, limites y procedimientos que establezcan las leyes”.

La ley reglamentaria de esta disposición es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que en su artículo primero reconoce el derecho a la indemnización de quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

En este caso, los ahorradores de Ficrea establecen como “actividad administrativa irregular" la “supervisión, vigilancia e inspección negligente, deficiente, insuficiente, indolente, relajada e inexcusable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la sociedad financiera popular".

Los ahorradores aducen que Ficrea no debió de ser intervenida ya que existió un error de interpretación del esquema bajo el cual operaba la sociedad financiera, además de que existían irregularidades que no fueron atendidas, como que sólo existían dos consejeros cuando la ley obliga a que sean cinco.

Los ahorradores destacan que el cobro del el seguro de protección contemplado en la ley, respecto a depósitos en Sociedades Financieras Populares, no impide que intervengan en esta reclamación, pero se les recomienda asentar al momento de que firmen de recibido los recursos la leyenda “Me reservo mis derechos”.

Ahora la Secretaría de Hacienda deberá probar que el daño que sufrieron los ahorradores no es consecuencia de la actividad administrativa irregular del estado, es decir, que sí existió por parte de la CNBV una supervisión adecuada sobre Ficrea.

El objetivo de los ahorradores es recuperar el 100% de los recursos invertidos en Ficrea.

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