En algunos estados de la República está empezando a implementarse el dispositivo o brazalete electrónico para el monitoreo de reos que están purgando su condena en su domicilio y entidades como el DF obligan a los reos a pagar el costo del brazalete si quieren gozar de ese beneficio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal promovieron dos acciones de inconstitucionalidad contra esta la medida prevista en Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal al considerar que discrimina a los sentenciados según su situación económica.

La fracción IX del artículo 31 establece que “el beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, se otorgará al sentenciado que reúna los siguientes requisitos”, dentro de los cuales se incluye que se  “cubra el costo del dispositivo electrónico de monitoreo”.

El día de ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso y la mayoría consideró que la norma se encuentra apegada a la Constitución.

En al sesión se destacó que el Reglamento de la Ley establece que el reo que quiera obtener este beneficio debe otorgar una garantía que cubra el costo del dispositivo electrónico de seguimiento en caso de que el mismo sufra daño, por lo que no existe una obligación directa de pagar el valor del aparato.

Los criterios varían. Por ejemplo, en el Estado de México los presos sólo pagan el 10% del valor del brazalente y el resto del costo es absorbido por el estado. En Guanajuato se debe otorgar una garantía o tener un aval que responda por el costo del dispositivo y de la unidad transmisora en caso de pérdida o de destrucción total o parcial.

En Coahuila el costo del brazalete es pagado por el reo en mensualidades, aunque se prevén ciertas facilidades cuando no se cuente con los recursos para ello.

Este es uno de los beneficios de la reforma que crea el nuevo sistema penal acusatorio

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