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A partir del pasado lunes es de aplicación obligatoria las tesis de jurisprudencia que consideran el arraigo local inconstitucional al ser una facultad exclusiva de la Federación legislar en la materia.

En lo que se denomina una tesis por reiteración, al haberse emitido cinco sentencias en el mismo sentido, sin interrupción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los estados no cuentan con facultades para legislar en materia de arraigo ya que conforme al párrafo octavo del artículo 16 constitucional esta figura procede aplicarla  única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada.

Asimismo, la fracción XXI del artículo 73, establece como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia organizada, y en consecuencia de forma accesoria sólo la Federación puede legislar sobre el arraigo.

Además se destaca que el artículo Décimo Primero transitorio de la reforma de 2008 que establece el nuevo sistema penal acusatorio, modifica temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por un máximo de cuarenta días.

Sin embargo se destaca que ninguna de estas disposiciones permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan órdenes de arraigo.

Así, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente para emitirla, ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se solicitó fuera considerado grave y en la Federación o en el estado no haya entrado en vigor el sistema penal acusatorio.

Al ser inconstitucional una orden de arraigo local el juzgador de la causa penal, deberá determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo. Deberá excluir aquellas pruebas que no hubieran podido obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona del indiciado, así como todas aquellas en las que haya participado o haya aportado información sobre los hechos que se le imputan estando arraigado.

Esta tesis es obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal.

En al menos seis estados de la República esta figura ya no existe.

En consecuencia, al menos en materia local, la figura del arraigo deberá dejar de aplicarse.

Cabe destacar que en 2010 la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, expresó que “llevar a cabo una detención para investigar, cuando lo apropiado debiera ser investigar de manera rápida y eficazmente para detener, es muestra de un mal funcionamiento del sistema de procuración de justicia, y constituye una violación a la presunción de inocencia”.

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