En México sólo uno de cada 100 feminicidios que se cometen, se castiga, a pesar de que según cifras oficiales, en el 70 por ciento de los casos se conoce al agresor y se le tiene incluso ubicado, señaló Karla Michelle Salas, abogada integrante del equipo que llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de los cuerpos hallados en el Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En su ponencia en el Foro Internacional sobre Justicia, Género y Derechos Humanos, organizado por el Poder Judicial, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres realizado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la abogada explicó que el Colegio de México, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Mujeres llevaron a cabo un estudio sobre los feminicidios ocurridos en el país durante un periodo de 25 años, para conocer el número real de víctimas, las condiciones en que se dieron y después contrastar esos datos con los de las sanciones.

El primer obstáculo que ese estudio tuvo que enfrentar fueron las cifras ya que las procuradurías estatales y la General de la República tenían datos dispersos, por lo que el estudio se llevó a cabo basándose en las actas de defunción, en donde además se encontraron las características en que murieron esas mujeres.

Además, la experta en derechos humanos destacó que  de acuerdo con las cifras que se tienen de parte de las procuradurías de las entidades y la de la República, el 98 por ciento de los delitos no tienen sanción.

Pero en el caso de los feminicidios esta cifra sube al 99 por ciento los casos en el país que no tienen sentencia.
Así, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo el territorio nacional no se está cumpliendo con Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género, que fueron adoptados en cumplimiento de la sentencia y que en el ámbito de su competencia de, fueron adecuados y adoptados por cada estado de la República.

En el caso del Campo Algodonero, la CIDH investigó tres feminicidios dentro de los cuales se encuentran el de dos adolescentes, condenando a nuestro país por la violación de derechos humanos tanto de las víctimas como de sus familiares.

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