En Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Gran Bretaña se han presentado, en mayor o menor medida, acciones  en contra de Google por el manejo de datos personales. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que la empresa está obligada a proteger los datos personales de los usuarios, pero en nuestro país el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) no se había decidido a iniciar acciones en contra de esta empresa, hasta ahora.

El pasado 27 de enero el Pleno del IFAI ordenó a Google México, S. de R.L. de C.V., hacer efectivos los derechos de protección al tratamiento de los datos personales ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de un particular, especialmente en cuanto a la cancelación y oposición, para lo cual cuenta con diez días hábiles.

De no hacerlo, se iniciará  un procedimiento de imposición de sanciones en contra de Google México, por posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Google México argumentó, al igual que el gigante de Internet lo ha hecho en otros países,  que no es la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, sino Google Inc., con domicilio en los Estados Unidos.

En su análisis del caso, el Pleno del IFAI precisó que Google México es una empresa legalmente constituida en México y que en términos de la LFPDPPP es responsable del tratamiento de datos personales.

Además, se destaca que como parte del objeto social de la empresa se incluye el prestar servicios de motor de búsqueda, además de que Google no acreditó que dicho servicio lo realiza o presta una empresa distinta.

Para el organismo, Google México sí hace un tratamiento de datos personales cuando se coloca en el buscador un dato de cualquier persona y se encuentra indexado a la información de la red.

Esta sería la primera vez que en México se considera a la empresa internacional como responsable del tratamiento de datos personales cuando presta servicios de motor de búsqueda, aunque ya antes se había presentado cuando menos una queja en contra de Google, pero esta no prosperó.

Esta decisión pone al IFAI en concordancia con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en mayo de 2014 determinó que en ciertas condiciones un buscador debe eliminar ciertos resultados que contengan información de una persona, en lo que se conoce como el “derecho al olvido”.

Algunos expertos consideran que el derecho al olvido se incluye en los llamados derechos ARCO que permiten al titular de derechos personales acceder, rectificar y cancelar su información personal en posesión de terceros, así como oponerse a su uso. Otros opinan que el derecho al olvido tiene diferencias con los derechos ARCO, ya que el primero impide que la información de una persona sea mostrada o diseminada, aunque esa información sí exista en alguna base de datos, mientras que en el caso de los segundos implican que la información sea borrada y oponerse a su uso impide que la información sea tratada.

El tema se ha prestado a controversia ya que algunos consideran que se opone a la libertad de expresión,  así como el derecho a la información de un tercero.

Esta decisión puede abrir en nuestro país el debate sobre si los buscadores realizan un tratamiento de datos personales y por lo tanto el derecho al olvido es exigible ante ellos, o si quienes deben eliminar la información son únicamente aquellos que manejan la información directamente, es decir, los autores de los sitios en la red.

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