El Primer Tribunal Colegiado Administrativo y del Trabajo, con sede en Morelia, Michoacán, ha establecido un criterio para negar la suspensión definitiva contra la aplicación de las evaluaciones a los trabajadores del sistema educativo básico público en el estado de Michoacán, “porque se seguiría perjuicio al interés social”.

El criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación señala que en los juicios de amparo en los que se solicita la suspensión contra los efectos y consecuencias de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, “se presenta una colisión entre diferentes derechos constitucionales”, que son por un lado el derecho de los trabajadores del sistema educativo básico público a que no se aplique el control de evaluación y seguir conservando su estabilidad en el empleo; y por el otro el derecho de la sociedad a contar con un sistema educativo de calidad.

La tesis establece que la Constitución protege el derecho de los maestros a la estabilidad en el empleo y consiste en que éstos no sean despedidos o cesados arbitrariamente por el patrón-Estado, pero también reconoce a toda la sociedad el derecho esencial a una educación de calidad.

La sentencia establece  que "la sociedad está interesada en que se garantice la calidad de la educación obligatoria y que se formulen políticas educativas encaminadas a la consecución de ese fin; es decir, que se imparta educación de calidad y se mejoren la gestión escolar y los procesos educativos".

Resaltó, además, que en la aplicación de las evaluaciones a los docentes "va de por medio los derechos de la niñez".

Al hacer un balance de estos derechos se destaca que si se otorga la suspensión para no realizar las evaluaciones a los maestros existe el riesgo de perjudicar a las personas titulares del derecho a recibir una educación de calidad, donde sólo el personal capacitado pueda desempeñar los diversos cargos en el sistema educativo público en la educación básica, lo que pretende lograrse a través de dichas evaluaciones.

El Tribunal concluye que conceder la suspensión sería un perjuicio al interés social, dado que la sociedad está interesada en que se garantice la calidad de la educación obligatoria y que se formulen políticas educativas encaminadas a la consecución de ese fin, es decir, que se imparta educación de calidad y se mejoren la gestión escolar y los procesos educativos.

Por tanto, el interés de la sociedad a tener una educación de calidad está por encima del derecho de los trabajadores del sistema educativo básico público a gozar de la estabilidad en el empleo, pues están de por medio los derechos de la niñez que se pretenden obtener por medio de la aplicación de las evaluaciones a los maestros.

Esta es una tesis aislada y aunque no es jurisprudencia, se prevé que en este criterio sea seguido por los jueces de distrito de Michoacán que reciban este tipo de solicitudes de amparo.

Este criterio está protegiendo el derecho a la educación de los niños y coincide con criterios internacionales que establecen que los derechos laborales no pueden tener igual jerarquía que el derecho a la educación de la niñez, debiendo prevalecer este último.

Así, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos empiezan a surgir criterios en nuestro país que arriban también a esta conclusión, que tal vez obliguen al magisterio a mantener las condiciones mínimas para que la niñez mexicana puedan seguir recibiendo la educación a la que tienen derecho.

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