El tema del “conflicto de interés” ha estado presente en los medios de comunicación desde hace varias semanas a raíz de las sospechas que han generado las operaciones de compraventa de inmuebles del pesidente de la República y del secretario de Hacienda con quienes eran o se convirtieron en proveedores del Estado.
La mayoría de los que han cuestionan estas operaciones citan como fundamento el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece las obligaciones de los servidores públicos.
En la fracción XII, segundo párrafo se establece que “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Asimismo en la fracción XI se establece que los conflictos de interés se suscitan cuando obtiene beneficio el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o sociedades de las que él o alguna persona de las antes referidas formen o hayan formado parte.
Pero los expertos afirman que este marco legal es insuficiente y que deberíamos adoptar el modelo español o chileno en los que los funcionarios están obligados a realizar una declaración de intereses cuando ocupan un cargo público.
En esa declaración de intereses se especifican las actividades profesionales y económicas en que participa o ha participado el funcionario, sin embargo, ambas legislaciones establecen que los funcionarios públicos pueden realizar actividades privadas como es la administración del patrimonio personal o familiar, siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia de las responsabilidades en el cargo que ocupa.
Hasta ahora no se han presentado pruebas de que se haya visto afectada la imparcialidad o independencia de estos funcionarios con las operaciones que hicieron en el ámbito privado. Sólo existen especulaciones, que pueden llevar al extremo de todo aquel que tenga cualquier tipo de relación con un funcionario, se deba abstener de tener relaciones con el gobierno.
Sin duda las operaciones éticamente son cuestionables por la forma en que se dieron, y que la posterior prosperidad de los vendedores de los inmuebles genere dudad, pero estamos en el campo de la especulación y la sospecha, sin que existan pruebas, solo suposiciones y teorías.
Todo lo que hemos visto en los medios han sido especulaciones y sospechas, ya que hasta el momento no se han presentado pruebas de que “se haya afectado el desempeño imparcial” o que haya existido “un beneficio” distinto al que se derive de participar de una licitación o adquirir una casa.
No se ha probado que exista un ilícito. Quizás en lugar de seguir con ejercicios de especulación, los esfuerzos deberían de enfocarse en probar la existencia de ese ilícito.
Y ese es el gran problema que tenemos actualmente en los medios, en todos los casos mediáticos (las casas, Iguala, etcétera), cualquier versión, cualquier dicho es válido, sin que nadie se preocupe por que se muestren las pruebas de lo dichos u en obtenerlas.
Sería bueno recuperar esa costumbre.
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