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Poco se ha difundido en nuevo protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura y que tendrá una gran importancia  a la luz de los grandes proyectos por venir en el país como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El documento destaca que durante la primera década del siglo XXI, diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura.

Así, distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas han emitido distintos documentos en los que se alerta sobre los impactos que las acciones de empresas y proyectos de desarrollo e infraestructura tienen sobre la población en general.

El Protocolo define a los proyectos de desarrollo e infraestructura como “aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común, y supongan la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos".

Como ejemplo se citan los desarrollados por “la industria minera u otra industria extractiva (gas incluso el de esquisto o shale, y petróleo), a la construcción de presas (ya sea hidroeléctricas o para el almacenamiento de agua), trasvases hídricos, autopistas y vias urbanas, grandes proyectos inmobiliarios (edificios, unidades habitacionales, centros comerciales), proyectos turísticos, escaleras náuticas, rellenos sanitarios, centros para el manejo de residuos tóxicos, compra o alquiler masivo de tierras, transgénicos, corredores industriales, plantas de generación de energía geotérmica, nuclear o proyectos eólicos”.

El documentos señala que en estos caso el debate sobre la viabilidad o no de un proyecto de desarrollo debe darse a partir del análisis de la situación que suponga mayores beneficios para los derechos humanos y menos limitaciones a estos derechos, teniendo en cuenta que “los argumentos de ‘bien común’ o ‘impacto general’ no pueden imponerse frente a las afectaciones que supone un emprendimiento”; y que “toda medida que suponga una afectación a un grupo de personas o colectivo, necesariamente debe ser sometida a su consulta, ofreciendo la información necesaria para poder evaluarla”.

El documento señala como derechos que pueden ser afectados por este tipo de proyectos el derecho al debido proceso, derecho a la información, derecho a la participación y a la consulta, derechos a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos/as contra la criminalización, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a una vivienda adecuada, derecho a una alimentación adecuada, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la salud, derechos culturales y derecho a un medio ambiente sano.

En el caso de los pueblos indígenas suelen ser afectados el derecho a la autodeterminación, al acceso preferente a los recursos, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado así como a la autonomía.

El Protocolo de Actuacion “busca ser una herramienta para la labor jurisdiccional en la medida en que sistematiza los principios y derechos que deben tenerse en consideración cuando se esta ante proyectos de desarrollo e infraestructura, desprendiendo de ellos sugerencias concretas para la actuación judicial”.

El documento será distribuido entre todo el personal del Poder Judicial Federal, sin embargo, a pesar de su importancia, el documento no está disponible en el apartado de protocolos del sitio de la Suprema Corte, pero el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura puede ser consultado en otras fuentes.

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