Dinero pasando de manos

Al igual que en el Distrito Federal, el Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incorporó al Código Penal de la entidad el concepto de “cobranza ilegítima”, para sancionar a los despachos de cobranza o sus titulares que persistan en la cobranza con engaños o amenazas.

La reforma adiciona un artículo 173 Bis que establece que al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, utilice medios ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, de quien funja como aval de éste o de quien haya servido como referencia, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si, para tal efecto, se emplearon documentos o sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.

La iniciativa fue promovida ante el incremento de la cartera vencida de bancos y tiendas departamentales, generada por la falta de liquidez de la población y que ha llevado a estas empresas a contratar los servicios de despachos de cobranza que en algunas ocasiones llegan a excederse en los métodos que utilizan para con parientes, amistades, conocidos e incluso extraños que sin tener ningún tipo de relación en ocasiones son molestados con este tipo de actividades.

La cobranza en sí no es ilícita pues los acreedores tienen derecho a recuperar sus recursos, por más molesto que resulte para los deudores, sin embargo el ejercicio de todo derecho tiene límites, especialmente si se incurre en irregularidades al ejercerlo.

Una cobranza ilícita es aquella que implica amenazas, insultos, agresiones, groserías engaños fingiendo procesos judiciales, o simulando documentación de un juzgado o el Ministerio Público.

Una vez que la disposición entre en vigor, los deudores podrán presentar ante el ministerio público las denuncias correspondientes.

Esta disposición viene a ser un completo a las sanciones que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), imponga a las instituciones financieras acreedoras por la cobranza ilegítima.

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