Uno de los casos que deberá analizar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que inicie su periodo de sesiones el próximo 14 de enero es el caso de Tomás Sánchez Barrón quien se encuentra en estado de interdicción y solicita se le permita tomar decisiones por si mismo.

Sánchez Barrón fue declarado en estado de interdicción hace 20 años, cuando sus padres aun vivían, pero a partir de la muerte de los mismos, se encontró con que no puede administrar la pensión que recibe por los más de 20 años que trabajó en una panadería; cobrar la pensión de su padre quien fue policía en el DF, heredar y disponer formalmente de la casa que recibió de sus padres y, sobre todo, decidir con quién quiere vivir.

Tomás vive con una sobrina, que es quien funge como su tutora, pero según su abogado, Andrés Aguinaco Gómez Mont, ella lo somete a maltratos físicos y emocionales y lo mantienen confinado en un lugar que carece de servicios básicos.

Ante la negativa del juez de primera instancia en materia civil en el DF de atender la solicitud de Tomás, el asunto lo llevaron a un juzgado federal que ordenó que se repusiera todo el proceso y se tomara en cuenta el dicho del quejoso, pero no resolvió el asunto de fondo en contra del estado de interdicción.

Ahora la Primera Sala deberá definir en la próxima sesión si atrae o no dicho asunto para su estudio.

Este es el segundo caso de este tipo que se presenta ante la SCJN promovido por Aguinaco Gómez Mont, a través del Centro Estratégico de Impacto Social, A.C.

El primer caso fue promovido a favor de Ricardo Adair Coronel Robles, joven con el síndrome de Aspenger. Aunque en este caso no se declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones que regulan la interdicción en el Código Civil del Distrito Federal, la SCJN estableció que el estado de interdicción debe ser proporcional según la discapacidad de cada caso”. En consecuencia, el juez debe establecer qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad y en qué otros requerirá de alguien que lo auxilie, siendo estos supuestos los menos posibles".

El estado de interdicción se determina cuando una persona es declarada judicialmente incapaz por carecer de las aptitudes generales para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, por lo que debe ser sometido a la guarda de un tutor.

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