Desde hace once meses en Puebla y los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales se presta por parte de una empresa concesionaria llamada Agua de Puebla, S.A. de C.V., debido a una reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla.

Sin embargo esto ha provocado descontento, protestas y demandas entre la ciudadanía, especialmente por las nuevas tarifas que se cobran por el servicio de agua potable.

En uno de los juicios de amparo que se siguen en contra de la suspensión del suministro de agua potable por falta de pago, un juez federal multó al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien “omitió rendir el informe previo correspondiente a pesar de encontrarse debidamente notificado”. La sanción consistió en una multa de 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en 2014, lo que representa 6 mil 729 pesos.

En los distintos juicios de amparo en los que los ciudadanos han logrado la protección de la justicia al no tener la obligación de cubrir las nuevas tarifas del servicio o haber conseguido la reconexión del suministro de agua que la firma les había suspendido por falta de pago, los jueces han desechado los argumentos de índole financiera, porque impondría “un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo que se atentarían contra la dignidad humana".

Los jueces han coincidido en que no puede restringirse el servicio de agua potable por razones económicas, ya que “ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparación” al incidir en el “derecho humano de acceso al agua potable”.

El Juzgado Octavo de Distrito sentenció que el Estado tiene que garantizar el derecho fundamental al agua para que sea “seguro, aceptable y asequible”, por lo que el suministro “debe basarse en criterios de equidad y bajo condiciones dignas de accesibilidad, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser restringido atendiendo a intereses de índole financiera con los objetivos a los que alude la autoridad recurrente”.

De imperar los fines económicos, se alertó en la sentencia, “imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana, pues el interés social en la prestación del servicio se vería disminuido en perjuicio del principio de progresividad de los derechos humanos establecidos dentro del artículo 1 constitucional”.

Además, señala la resolución, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad.

“Tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no de discriminación”, remató el juez.

Estos juicios de amparo terminarán por definir si el concesionario puede seguir cobrando el servicio con base en las nuevas tarifas y si puede suspender el servicio por falta de pago.

Más información lajornadadeoriente.com

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