El caso de FICREA ha puesto una vez más sobre la mesa el tema de las entidades de ahorro popular y su marco regulatorio, que al parecer fue insuficiente para evitar que se defraudara a los más de 6,600 ahorradores de esta sociedad financiera popular (SOFIPO).

FICREA, junto con Libertad, Servicios Financieros S. A. DE C. V., S. F. P., (LIBERTAD) concentraba el 55.3% del mercado de SOFIPOS. Libertad Servicios Financieros administra 10,166 millones de pesos (mdp) en activos, mientras que FICREA administraba 5,834 mdp, que representaban el 20.2%del total de los activos del sector.

La SOFIPO ofrecía a sus ahorradores una tasa anual de rendimiento de 9.45%  en las inversiones que realizaran, e inclusive este fue un gancho para su crecimiento impulsado además con una promoción de un viaje al Mundial de 2014.

De enero a septiembre de 2014, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (CONDUSEF) sólo se presentaron 5 reclamaciones para el periodo, y reporta una resolución favorable de 60 por ciento, una de las más altas de este sector. Sin embargo, uno de sus contratos fue suspendido al no cumplir con las disposiciones legales.

Inclusive FICREA había manifestado en los medios que en 2015 buscaría convertirse en un banco especializado en atender a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Según la información divulgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el principal socio de FICREA, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular, Rafael Antonio Olvera Amezcua, desvió 2,500 millones de pesos a través de una triangulación con empresas relacionadas, propiedad también de Olvera, llamadas Leadman Trade, Monka Comercial y Baus and Jackman Leasing, todas S.A. de C.V.

Cerca del 98 por ciento de la cartera de crédito originada por FICREA se canalizaba a través de Leadman. Inclusive los ahorradores firmaban dos contratos, uno con FICREA y uno con Leadman.

Después de que FICREA ha sido intervenida los ahorradores exigen el 100% de sus ahorros invertidos, especialmente 84 de ellos, cuya inversión oscila entre los 10 y los 100 millones de pesos.

Sin embargo, por ley las inversiones en las SOFIPOS están protegidas en el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, pero sólo cubre hasta una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Es decir, los ahorradores sólo recibirán $131,964.00 aunque esto no evita que en lo particular puedan interponer acciones legales en contra de FICREA para recuperar el resto de su inversión.

Por lo pronto una agrupación de ahorradores de FICREA ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público especializado pero en contra de funcionarios de los órganos reguladores al considerar que existieron omisiones que impidieron detectar el fraude que se estaba cometiendo en su contra.

En este caso es importante determinar si el régimen de supervisión previsto en la ley, en el que participan la CNBV y las federaciones auxiliares de supervisión, que en este caso era la Federación Atlántico Pacífico, es insuficiente para detectar oportunamente los riesgos que implican operaciones como las realizadas por FICREA en perjuicio de los ahorradores.

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