El Cabildo del municipio de Rosarito, Baja California, ha decidido prohibir la reproducción de narcocorridos en el transporte público, lanzando una campaña para que los usuarios denuncien a los operadores que escuchan este tipo de música mientras prestan el servicio. La sanción para los conductores del transporte público  que no respeten esta prohibición es de 6 salarios mínimos.

Para enterar a la gente de esta disposición, arrancó el pasado 15 de diciembre una campaña de volanteo en la ciudad con la campaña de difusión titulada “Diga no a los narcocorridos en el transporte público”. La prohibición tiene la intención de generar un rechazo social a estas expresiones musicales que se considera ensalzan la comisión de delitos.

La misma medida se ha adoptado ya en otras entidades del país como son Chihuahua, Sinaloa o Sonora.

Un caso reciente que trascendió a nivel nacional sobre los narcocorridos fue el exhorto del Cabildo de Cuernavaca para que los organizadores de la  Feria de la Primavera del pasado mes de abril  se abstuvieran  “de promover grupos musicales que inciten a la violencia, discriminación o cualquier otro tipo de agresión que atente contra el derecho, la moral y las buenas costumbres que deben regir en la vida social o grupos vulnerables". Esto llevó a la cancelación de un cantante de narcocorridos.

Generalmente cuando se dan estas prohibiciones se argumenta que se trata de música que hace apología del delito. La apología es el discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo. En el caso de los delitos ese discurso debe incitar para ejecutar un hecho o caer en una omisión contraria a la ley o elogios por haberse realizado un acto considerado como delito.

Para muchos estas prohibiciones violan la libertad de expresión, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna controversia que obligue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar cartas en el asunto.

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