En el Senado de la República se aprobó un paquete de reformas relacionadas con el Código Nacional de Procedimientos Penales orientadas a su mejor aplicación, aprovechando la experiencia de los estados de la República en los que ya se encuentra operando el ordenamiento, que incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El dictamen aprobado, propone establecer un modelo de imputación autónomo para las personas morales con independencia de si las personas físicas (representantes o administradores) sean o no penalmente responsables.

Así, las personas jurídicas tendrán responsabilidad penal por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, y ante la inobservancia del debido control en su organización.

Esto será con independencia de la responsabilidad penal de sus representantes o administradores y del proceso que se les siga.

Asimismo, se adiciona el artículo 11 Bis al Código Penal Federal para que las personas jurídicas sean responsables penalmente de distintos delitos como terrorismo, delitos contra la salud, corrupción de menores, tráfico de influencia, cohecho, trata, comercialización habitual de objetos robados, fraude, delitos contra el ambiente o en materia de derechos de autor, tráfico de órganos, secuestro, entre otros.

Las sanciones a aplicar serán la suspensión de actividades o clausura por un plazo de entre seis meses a seis años; prohibición de realizar determinadas actividades, por un plazo de entre seis meses a diez años; prohibición de participar en licitaciones seis meses a seis años, entre otras.

La iniciativa destaca que el penalista alemán Klaus Tiedemann es el más representativo de la idea de hacer penalmente responsables a las personas jurídicas, su argumento principal consiste en que la empresa tiene una “posición de garante” sobre las acciones y omisiones de sus empleados, estando consecuentemente obligada a una organización correcta que, en caso de infringirse, ocasionaría responsabilidad penal.

Las reformas ahora pasaron a la Cámara de Diputados quien deberá discutirlas y en su caso aprobarlas antes del 18 de junio de 2016.

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