El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha determinado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá informar los montos que por adeudo de servicio de energía eléctrica registran personas físicas y morales privadas, así como morales de derecho público, que se encuentren dentro de las 100 deudas más grandes, sin importar a qué grupo de tarifa pertenezcan.

En cuanto a los deudores personas físicas y personales morales, el Instituto estableció que el nombres de las personas físicas y el nombre, denominación o razón social, RFC, domicilio fiscal, y el domicilio en que se proporciona el suministro en el caso de personas morales, no puede proporcionarse ya que se estaría divulgando información que es de carácter confidencial.

Sin embargo, respecto a los montos, si estos no se encuentran asociados a información de carácter confidencial, no se advierte una vulneración a los datos patrimoniales, en virtud de que ese solo dato no revela la totalidad del patrimonio ni infringe la privacidad de las características económicas.

En lo que toca a las personas morales de derecho público, se deberá dar a conocer su denominación o razón social y el monto de los adeudos que sostienen con la CFE por tratarse de entes públicos, ya que esta información no se considera como datos personales.

Además de que las personas morales de derecho público se encuentran obligados a transparentar sus cuentas y rendir informes sobre éstas, en consecuencia, dicha información es pública.

Así, el IFAI instruyó a la CFE a dar a conocer un reporte que contenga la denominación o razón social de las personas morales de derecho público y el monto del adeudo que presentan, así como los montos de adeudo de servicio de energía eléctrica de las personas físicas y morales privadas que se encuentren dentro de los 100 adeudos más grandes, sin importar a que grupo de tarifa pertenezcan.

Se precisó que los nombres de las personas físicas y morales privadas no deberán divulgarse, pues al vincularlos con sus adeudos, se divulgaría su situación patrimonial, lo cual constituye un dato confidencial.

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