Hace unos días del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver una acción de inconstitucionalidad, concluyó que el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud es contrario a la Constitución al establecer sanciones a quienes vendan o suministren a menores o discapacitados diversas sustancias sicotrópicas, a pesar de que algunas son utilizadas para el tratamiento de diversos padecimientos o que están presentes en bebidas estimulantes, cuya venta sí está permitida.

Los ministros consideraron que la disposición viola los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley,  porque mientras que por un lado la ley establece una prohibición, por el otro se permite la venta y suministro.

Así, las personas o padres que estuviesen administrando estas medicinas a menores de edad o incapaces, que por prescripción médica requieran de tratamiento de diversos padecimientos como obesidad, psicosis, antidepresivos, migraña, entre otros se encontrarían en el supuesto previsto en el artículo revisado, podrían llegar al extremo de cometer un delito, generando así incertidumbre jurídica.

En algunos medios se reportó que la SCJN avalaba, autorizaba o permitía la venta de sustancias a los menores, sin embargo es preciso aclarar que el máximo tribunal no legisla.

La propia SCJN define la acción de inconstitucionalidad, como este caso, como “un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales”.

Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Constitución, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de ocho o más de sus Ministros.

Insistimos, la SCJN no legisla y los medios convencionales cometen un error al establecer en la cabeza de este tipo de notas que el máximo tribunal autorizó, permitió o prohibió la aplicación de alguna norma.

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