Esta semana la Procuraduría Federal del Medio Ambiente ha estado muy “activa”. En Cancún clausuró el hotel y marina Maroma Paradise Beach Club and Marina, por la destrucción de tres hectáreas de manglar, la carencia de autorizaciones de impacto ambiental y la explotación de zona federal en su Marina.
El mangle es el único árbol que se desarrolla en un medio marino. Es la base de una cadena de alimentación que comienza desde sus hojas y puede culminar en un pez del tipo de los sábalos de 200 kilos. Por otra parte, el 100% de la producción de camarones en México depende de la existencia del manglar. Tiene el poder de absorber el cromo y el cloruro de sodio utilizados para procesar cuero, así como residuos derivados del petróleo. De la corteza y las hojas del mangle se extrae el tanino, una sustancia de muy diversas aplicaciones: en tratamientos de la diabetes, como sedante y contra las quemaduras y hemorragias, así como para el curtido de pieles y teñido de telas. Su madera se aprovecha para la construcción de durmientes para ferrocarril, pilotes para minería, lanchas, postes para cercas, y carbón. La resistencia de la madera del mangle al agua de mar está ampliamente reconocida por los pescadores, quienes la emplean en la construcción de trampas para el camarón. Debido a que esta madera no es resinosa se utiliza también para ahumar ostión y pescado.
El gerente general del hotel Dorado Maroma, Alfredo Santamaría Chávez, consideró injusta esta medida, porque se afecta a cientos de empleos, pero además se afecta la imagen del destino. Por su parte PROFEPA señala que estas conductas generan multas e incluso son delitos y “no podemos voltear la cara hacia otro lado y permitimos que se cometa un delito porque hay una crisis de alguna manera sería tanto y tan irresponsable como decir que se permita el narcotráfico, porque genera fuentes de empleo”.
Efectivamente el artículo 60 Ter de la Ley Federal de Vida Silvestre prohíbe cualquier actividad que afecte un manglar, a excepción de aquellas que sean tendientes a su conservación, protección, restauración o investigación.
Asimismo los artículos 418 y 420 bis del Código Penal Federal establece penas de hasta doce años de cárcel para aquellas personas que realicen actividades que dañen los manglares, entre otras áreas protegidas.
Desde enero del 2007 los grandes empresarios del turismo, principalmente de la riviera maya, buscaron que la Ley General de Vida Silvestre se modificara a fin de poder construir sobre las zonas de manglares sin tantas restricciones, lo que generó una contrareforma que ahora esta vigente, que hace aun más estrictas las medidas de protección del mangle.
Lo que llama la atención es que la PROFEPA sólo haya actuado hasta ahora en virtud de una denuncia, siendo que el hotel está operando desde 2001 y su crecimiento ha sido del conocimiento público.
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