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La investigación de los delitos adecuada y apegada a derecho es uno de los pilares del nuevo sistema penal acusatorio que dentro de menos de dos años deberá de estar funcionando en todo el país, sin embargo, pareciera que no estamos preparados para hacer frente a ese reto.

En Chihuahua, un hombre acusado del robo de tres automóviles fue liberado porque las pruebas que presentó la fiscalía del estado se obtuvieron ilícitamente.

La policía ingresó al taller en donde se encontraban los tres vehículos con la autorización de la dueña del inmueble, que sin embargo, arrendaba el mismo al delincuente.

El juez determinó que el ingreso al taller fue ilegal pues quien debió haber autorizado la inspección era el delincuente al tener la posesión material del inmueble.

Así, el juez de garantías determinó que al haberse violado la garantía de inviolabilidad del domicilio, por no contarse con una orden de cateo, los objetos y personas localizadas, su aprehensión y las demás pruebas que se hayan recabado, así como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria.

El artículo 21 de la Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías que actuarán bajo la conducción y mando de aquél.

En este marco, los ministerios públicos deberían revisar la actuación de las policías y presentar casos fuertes de tal forma que no pudiesen ser impugnados en los tribunales, pero esto no está sucediendo.

Pero si no se desplazan los vicios y  los ministerios públicos y las policías son capacitados y preparados adecuadamente, el nuevo sistema penal acusatorio fracasará.

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