Como se había pronosticado desde antes de que se presentara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional la materia de las consultas populares promocionadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en materia energética.

La mayoría (9 ministros a favor y uno en contra) consideró que la materia de la consulta se encuentra dentro del supuesto previsto en artículo 35 fracción VIII inciso 3° de la Constitución, al referirse a ingresos y gastos del Estado.

El consenso general entre los ministros es que los conceptos de “ingresos” y “gastos”, deben ser entendidos en su acepción más amplia, es decir, “guarda una relación con la regulación del sistema necesario para la obtención del ingreso, sea de forma directa, indirecta, mediata o inmediata, como puede ser su obtención, origen, destino, aplicación, administración o distribución de los ingresos y gastos del Estado Mexicano”, por lo que cuando la consulta se refiere a uno de estos temas en cualquiera de sus vertientes, la consulta es inconstitucional.

Además, los ministros destacaron que el tema de la consulta propuesta por estos partidos claramente se refiere a los ingresos ya que en la reforma del artículo 27 constitucional expresamente se estableció que los contratos que se celebren en relación con el petróleo e hidrocarburos sólidos o líquidos “son con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo a largo plazo”.

Asimismo, se estableció que la Suprema Corte no otorga ni prohíbe el ejercicio de este derecho ya que éste está reconocido en la Constitución, pero el propio texto constitucional establece prohibiciones o restricciones al ejercicio de este derecho que el máximo Tribunal tiene la obligación de observar.

El único ministro que votó en contra del proyecto fue el ministro José Ramón Cossío Díaz quien considera que la interpretación de los términos “ingresos” y “gasto” debe ser de manera limitativa y estricta y no amplia.

El ministro considera que es así porque la consulta popular es un derecho humano, cuya interpretación debe ser la más benéfica para la persona.

El ministro también considera que la restricción impuesta en la consulta popular para ingresos y gastos se refiere a aquellos ingresos que son resultado de incumplimiento de obligaciones de los ciudadanos, esto es, quita de las manos de los ciudadanos por vía de la consulta, la decisión de cumplir con sus obligaciones tributarias previstas en la misma Constitución.

Los partidos promoventes podrán emitir juicios de valor sobre esta decisión, pero el consenso entre los analistas siempre fue que la misma sería negada por las restricciones que estableció el propio legislativo.

Un camino que queda a estos partidos es realizar el día de las elecciones una encuesta en la que la ciudadanía se manifieste sobre esta reforma.

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