El caso de Florence Cassez, la mujer francesa detenida, juzgada y sentenciada en México se trata más que de la impartición de justicia, de un caso politizado tanto en Francia como en México.

 

Florence Cassez fue sentenciada en primera instancia a 96 años de prisión, sentencia que se modificó tras una apelación a 60 años por los cargos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tres cargos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

 

Francia, con fundamento en la Convención de Estrasburgo para el Traslado de Personas Condenadas firmado en 1983 entre México y Europa, solicitó el traslado de esta ciudadana francesa para que purgara su sentencia en territorio francés. Sin embargo, el presidente de México anunció que no será trasladad porque no están dadas las condiciones en Francia para que cumpla su sentencia de manera completa. Esto en vista de que Francia se reservó en la firma del documento el derecho de decidir si aplicaba a los reos su propia Constitución y sus leyes.

 

Hay que precisar que este caso no se trata de una extradición porque en esta figura el estado que reclama a la persona la acusa de algún delito o la ha inculpado y la busca para cumplir la sentencia y el caso de Cassez es contrario ya que los delitos los cometió en México, donde fue sentenciada y donde está cumpliendo su sentencia. Para el estado francés esta mujer no ha cometido ningún delito.

 

Como la decisión de no trasladarla no es judicial sino una decisión directa del presidente, es decir, ejecutiva, no se puede hablar de “apelación” término que se aplica a las decisiones del poder judicial. En todo caso corresponde al gobierno de Francia la negociación del traslado siempre que asegure el cumplimiento de la sentencia de manera satisfactoria para el gobierno de México.

 

El abogado de la mujer declaró que tramitará un amparo para exponer la inocencia de su clienta y que en último caso acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son vinculatorias en México, para presentar ante ellos el caso por violación de garantías o derechos humanos. Pero la realidad es que este caso no se trata tanto de la culpabilidad o inocencia de la mujer, quien ha sido plenamente identificada como perpetradora de al menos tres secuestros, sino de la violación del proceso judicial ya que se ha acusado que hubo varias inconsistencias en la actuación procesal. Otro caso de la importancia de cumplir a pie juntillas con las leyes y normas, es decir, con el principio de legalidad.

 

En Francia se ha puesto igual empeño en su liberación como sucedió con Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla, y en México se ha enarbolado como una bandera electoral de la lucha contra el crimen. Y en medio del conflicto diplomático entre ambas naciones estamos los ciudadanos y las víctimas del crimen organizado que queremos que se cumpla el estado de derecho.

 

Fuente El Universal

 

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