Logos de Cabify y Uber

Al igual que ha sucedido en España, Alemania y Estados Unidos, entre otros, los taxistas del Distrito Federal están exigiendo que se regule el servicio que prestan empresas como Uber.

Distintas organizaciones establecieron un plazo de dos semanas para que las autoridades del DF, empiecen a tomar acciones en contra de lo que llaman taxistas piratas, entre los que se encuentran los servicios de Uber o Cabify, o de lo contrario realizarán movilizaciones.

Los taxistas consideran pirata a todo aquél que presta el servicio de transporte público individual de pasajeros a través de una concesión que otorga el gobierno en la Ciudad de México que es regulada a través de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

El servicio de transporte público en general y el transporte público individual de pasajeros o taxis, está regulado en la citada Ley de Movilidad, y la prestación del mismo se autoriza a través de una concesión.

El taxista concesionado está obligado a contar con un seguro de daños a terceros; a presentar su automóvil a revista vehicular cada año a fin de revisar que cumpla con las disposiciones aplicables; acudir a capacitación, curso de actualización, así como un curso de primeros auxilios y sensibilización para la prestación del servicio a personas con discapacidad y/o movilidad limitada, y adicionalmente deben  aplicar y respetar las tarifas que son autorizadas por el gobierno del Distrito Federal.

La propia Ley de Movilidad prevé que prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros, sin contar con la concesión o permiso correspondiente, implica una multa administrativa de trescientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo.

Pero además también establece que comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que sin contar con la concesión o permiso expedidos por la Secretaría de Movilidad, preste el servicio, y a la persona responsable se le podrá imponer de tres meses a dos años de pena privativa de libertad y una multa de cuatrocientos ochenta a quinientos días de salario mínimo vigente.

Ante este marco jurídico los servicios de de ridesharing (para compartir el coche) o Transportation Network Companies (Empresas de Red de Transporte) como les llaman en Estados Unidos, no cumplen con ninguna de estas disposiciones legales por lo que su actividad no tiene sustento jurídico y sí constituyen una competencia desleal.

Quienes tienen más responsabilidad y corren mayor riesgo son los choferes que están cometiendo una infracción administrativa y un delito al prestar sus servicios a través de Uber o Cabify.

Por su parte, estás empresas han argumentado en los distintos países que ellos no son una empresa de transporte y que sólo se dedican a vincular a los usuarios con los choferes. Uber dice que su “actividad se centra en crear comunidades de usuarios que se ponen en contacto entre ellos para que se beneficien mutuamente”, y esa comunidad se forma por chóferes y pasajeros.

Además, para el pasajero existen riegos al utilizar estos servicios, ya que estas compañías no aceptan ninguna responsabilidad en relación con el servicio de transporte que se presta.

Y existe el riesgo de que en caso de accidente el seguro se considere nulo ya que se está prestando un servicio de transporte público que no está cubierto por las pólizas de seguro a automóviles particulares.

En todos los países en donde operan este tipo de servicios lo hacen en el límite de la legalidad y ya los taxistas agrupados los han llevado a tribunales en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia. Ya veremos hasta donde llega en nuestro país.

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