Al resolver una acción de inconstitucionalidad relacionada con el Comisionado Nacional de Seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse la injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.

En el artículo 27, fracción XVI y último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se estableció que el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República, lo cual es considerado por los ministros como inconstitucional.

El Pleno destacó que el CNS es parte de la administración pública federal por lo que constitucionalmente su nombramiento sólo corresponde al presidente de la República sin que puedan intervenir otros poderes, toda vez que se trata de órganos que ejercen facultades relacionadas con la seguridad pública.

Asimismo, se consideró inconstitucional al obligación del secretario de Gobernación a comparecer semestralmente ante el Senado para abordar temas sobre política criminal y seguridad.

Así se ratificó el criterio que establece que el principio de división de poderes es flexible en la medida en que entre ellos existe una colaboración y coordinación, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna.

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