La ciudadana francesa Florence Cassez promovió en su país una demanda contra de quien resulte responsable por sus supuesta detención ilegal en México. Según la demanda ella “fue encarcelada en condiciones a menudo inhumanas " y pide a la justicia francesa "identificar y condenar a los autores de la detención ilegal...donde ella fue la víctima", dijo su abogado.

Es probable que esta demanda se haya presentado para que se aplique lo que se conoce como jurisdicción universal según la cual cuando un país que debe perseguir presuntas violaciones a los derechos humanos no lo hace, los jueces de otro país asumen la capacidad de hacerlo.

La jurisdicción universal es aplicada en casos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, como se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que incluyen el asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre.

Estas conductas se deben cometer como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

En Francia la jurisdicción universal está prevista para los delitos de tortura y terrorismo. También se regulan en el Código Penal los crímenes de guerra, e incluye los crímenes contra la humanidad y de genocidio cometidos en la ex Yugoslavia y Ruanda, ya que ambos estatutos de los tribunales están incorporados en la legislación interna francesa.

Ya veremos qué dicen las autoridades francesas y si están dispuestas a tener otro conflicto político con nuestro país por este caso.

Cassez fue liberada por encontrarse que existía la violación a los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia por el show mediático creado por las autoridades.

La Suprema Corte no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la ciudadana francesa o sobre la legalidad de su detención.

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