Hace unas días trascendió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la Comisión Federal de Electricidad sí puede ser considerada autoridad para los efectos del juicio de amparo cuando lo que se reclama es el aviso recibo que expide la CFE, por consumo de energía eléctrica, así como el ajuste, cobro o corte del suministro.

La Sala consideró que al contratar el suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones establecidas por las Secretarías de Economía y de Energía, y que derivan de la ley, por lo que no existe una posibilidad de negociación, de manera que en el contrato no se celebra en un plano de igualdad.

La Corte consideró que esta situación “adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que en el país la Comisión Federal de Electricidad es el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica y, por tanto, el usuario debe someterse por completo a las disposiciones que dicten las autoridades en los contratos” para poder obtener un servicio de energía eléctrica.

Así, los contratos de suministro de energía eléctrica deben considerarse contratos administrativos y no constituyen un acto de comercio, fundamentalmente porque la Comisión Federal de Electricidad no persigue fines de lucro o de especulación comercial con el suministro de energía eléctrica, sino actúa por mandato y obligación constitucional de generar, distribuir y abastecer de energía eléctrica a todo el territorio nacional.

Por lo tanto la Segunda Sala concluye que contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad que prevé el diverso artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales.

Pero este criterio es posible que dure poco con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de la Industria Eléctrica.

Con estas leyes, dos premisas que se consideraron para establecer este criterio desparecen: la CFE deja de ser “el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica” ya que se abre el sector para que empresas privadas puedan comercializar energía eléctricfa; y con la entrada en vigor de esta ley la Comisión opera con fines de lucro, como se establece en el artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que señala que esa empresa productiva del estado “tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario”.

Por ende, poco durará el gusto de algunos porque se podría regresar a los criterios que habían venido prevaleciendo.

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