El mes pasado se aprobó la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en medio de protestas de trabajadores, pensionados y jubilados del servicio público en el estado que consideran que dicha ley viola sus derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos coincide con esta posición y ha promovido una acción de inconstitucionalidad pero sólo contra algunos artículos de dicha ley.

El organismo cuestiona el texto del artículo 32 de la referida ley, que limita el derecho de un pensionado o jubilado a realizar cualquier tipo de trámite si no se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas y aportaciones.

Se considera que esta disposición viola los  derechos de previsión y seguridad social, pues la retención y entero de cuotas y aportaciones le corresponde al patrón, por lo que el trabajador o sus familiares no tienen por qué verse afectado si este incumple en sus obligaciones.

También se  cuestiona la constitucionalidad de los artículos 59, 24 y 105 que por una parte establecen que los trabajadores sin derecho a pensión, que se retiren del trabajo pueden solicitar el monto total de las cuotas que realizaron al Instituto de Pensiones, pero renunciando a los intereses que estas cuotas hayan generado; mientras que el Instituto sí puede reclamar los intereses de las cuotas que no sean pagadas oportunamente por lo que se viola el principio de equidad, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política.

Pero las disposiciones que más han preocupado a los trabajadores públicos de Veracruz son los artículos 16 y 19 de esta legislación, que establecen que los pensionados deberán realizar aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz equivalente al 12% de la jubilación o pensión que disfruten.

La CNDH considera que estos artículos violan el  derecho a la igualdad y al principio de previsión social, toda vez que al trabajador público, previo a su retiro, ya se le descontó su aportación.

Ante esta nueva ley se prepara una gran manifestación en Xalapa, capital del estado, en la que participarán distintos sindicatos de trabajadores públicos, además de que se presentarán amparos colectivos en contra de esta ley.

Por otra parte, las jubilaciones en el estado se han incrementado a fin de hacerlo con el marco jurídico anterior a la entrada en vigor de esta ley, ya que la misma aumenta la edad de jubilación a 65 años, además de que establece la figura del sueldo regulador a fin de promediar todos los años de servicio, reduciendo el monto de la pensión, porque antes el trabajador se jubilaba con el último salario, y ahora se promediará los últimos diez años.

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