La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado la constitucionalidad del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establece que las declaraciones patrimoniales que los funcionarios presenten solo se harán públicas, total o parcialmente, cuando así lo decida cada funcionario.

La Corte estableció que este artículo no violenta el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, ya que debe existir un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la protección de los datos personales, especialmente cuando en una declaración patrimonial se incluyen datos de terceros, como es el caso de cónyuges o dependientes económicos, y hacer pública esa información escapa de los fines de control y vigilancia que tiene la declaración.

De los once ministros, nueve votaron a favor de la constitucionalidad de la disposición y dos ministros votaron en contra al considerar que “el desempeño de la función pública exige el escrutinio público, intenso de nuestras actividades, de ahí que la excepción de privacidad debe interpretarse de forma restrictiva en estos casos”.

El amparo fue promovido por la organización FUNDAR que originalmente había solicitado las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales, llevando el caso hasta el máximo tribunal.

La organización pretende que existan declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en una versión pública en la que se presente los ingresos netos cuyo origen no es el cargo público, el valor de las propiedades, los préstamos y otros pasivos, las inversiones y participaciones, pero que omita números de cuenta, domicilios u otra información que se considera sensible.

En el poder legislativo federal ya existen desde hace un año iniciativas que buscan modificar este artículo en ese mismo sentido, pero hasta la fecha no han sido discutidas.

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