En una decisión un poco tardía, la Corte decidió amparar a los empresarios que impugnaron las reformas al Impuesto al Activo de 2007 que les impedía deducir las deudas que contrajeron con sus proveedores.

 

La decisión podrá beneficiar a 15,000 empresarios que promovieron el amparo, los cuales podrán hacer estas deducciones, pero deberán pagar el impuesto  a una tasa del 1.8%, que era la vigente en 2003.

 

En términos reales esto implica que el gobierno federal tenga que devolver casi 4 mil millones de pesos. El procurador Fiscal lo consideró un triunfo porque esperaba que la cantidad a devolver sería mayor.

 

Si de antemano se hubiese analizado las consecuencias de esta reforma o se hubieran hecho adecuadamente, el Gobierno no tendría que hacer este gasto. Esta es otra situación que demuestra la importancia del cumplimiento de la legalidad.

 

Fuente SCJN y El Universal

 

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