Uno de los puntos que se critica a la reforma energética es que obliga a todos los propietarios, incluyendo a campesinos, a ‘aceptar’ la explotación de hidrocarburos en su propiedad.

Así el Título Cuarto, Capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos obliga a negociar un acuerdo para establecer la contraprestación, términos y condiciones para el uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

En caso de no existir un acuerdo entre las partes, se podrá promover ante el Juez de Distrito en materia civil o ante el Tribunal Unitario Agrario competente, la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos o solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano su mediación. En cualquier caso la contraprestación que corresponda se determinará según avalúos.

Los críticos de esta ley destacan que no se otorga a los propietarios la oportunidad de rechazar la exploración o explotación, quedando obligado a negociar.

Pero esto no es muy diferente a lo que establecía la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

El artículo 7 de esta Ley establecía que para el “reconocimiento y la exploración superficial de las áreas para investigar sus posibilidades petrolíferas”, requería únicamente permiso de la Secretaría de Energía, y si existía oposición del propietario o poseedor, PEMEX debía asumir la obligación de indemnizar a los afectados según avalúo que se realizara.

En el Reglamento de la Ley, vigente hasta antes del 2009, se establecía que cuando PEMEX requiriera la adquisición o el uso de terrenos, procuraría celebrar con el propietario o poseedor de los mismos el convenio respectivo. De no lograrlo, la Secretaría de Energía podía emitir una declaratoria de ocupación temporal o de expropiación, según procediera con una indemnización calculada según avalúo.

A partir del 2009 el Reglamento fue modificado, pero obligaba a PEMEX o a los permisionarios a “celebrar con el propietario o poseedor de los mismos los contratos que resulten procedentes”.

Además, desde 1977 se estableció en la ley que la industria petrolera es de utilidad pública prioritaria sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de ejidos o comunidades, procediendo la ocupación provisional, la definitiva o la expropiación, mediante la indemnización legal.

La nueva ley establece en el artículo 96, más o menos lo mismo señalando que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias. Además las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público por lo que tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo.

Tanto la Ley de Hidrocarburos como la de Industria Eléctrica indican que las actividades del sector son de utilidad pública y una prioridad del Estado, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra.

Aunque ahora la exploración y extracción la va a poder llevara a cabo un particular, parece que algunas cosas no han cambiado tanto como dicen.

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