Tras el muy lamentable incendio de una guardería en Hermosillo, Sonora, se empiezan a deslindar responsabilidades para encontrar a los responsables por las faltas de condiciones de seguridad y medidas de protección civil bajo las cuales funcionaba la guardería.

Esta guardería operaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El régimen obligatorio del IMSS comprende los siguientes seguros: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

Hablando en específico del servicio de guarderías a madres trabajadoras, el IMSS opera con un esquema de subrogación por el cual otra persona, un particular, presta el servicio directamente a los derechohabientes en lugar del propio IMSS. Así lo establece el artículo 213 de la Ley del Seguro Social que dice que el Instituto podrá celebrar convenios de subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

Los requisitos para subrogar los servicios de guarderías son establecidos por reglas de carácter general que expide el Consejo Técnico y quienes se subroguen en dichos servicios estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto., en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico.

Con estos fundamentos, los funcionarios del IMSS que debían llevar a cabo las labores de inspecciones y vigilancia y de autorizar a ese establecimiento para funcionar como guardería, deberán ser investigados para saber si actuaron conforme a las reglas y normas del Consejo Técnico y conforme a sus obligaciones como funcionario públicos o si por el contrario sucumbieron a la tentación de unos cuantos pesos o a la flojera de hacer debidamente su trabajo, lo que ha costado hasta el momento la vida de 44 niños.

En este sentido también se deberán deslindar responsabilidades de los funcionarios estatales o municipales de protección civil, encargados de vigilar el cumplimiento de normas y medidas de seguridad para permitir que este tipo de establecimientos funcione con la menor cantidad de riesgos para la vida y salud de la población.

Este caso ha dado pie para que en otros estados se empiece a revisar la operación de las guarderías y escuelas y a revisar las autorizaciones de protección civil que ya se extendieron a fin de verificar el exacto cumplimiento de las normas que, al menos en el papel, son muy estrictas.

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