La semana pasada la Cámara  de Senadores aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión misma que incluye en el Título Octavo denominado “Colaboración con la Justicia” la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil.

Para los partidos de izquierda u organizaciones no gubernamentales la información que se ordena retener a los concesionarios de telecomunicaciones es excesiva, “restringen el derecho a la privacidad, la libre conversación, libertad de asociación de comunicación y otros muchos derechos", además de que consideran que son inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos.

El tema de la geolocalización de aparatos móviles ya ha sido discutido varias veces por el Congreso de la Unión en 2009 cuando se incluyó la primera reforma sobre el tema y se estableció el RENAUT.

Posteriormente en 2012 cuando desapareció el RENAUT, se modificaron de nueva cuenta las disposiciones sobre geolocalización, las cuales fueron impugnadas por la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la acción de inconstitucionalidad fue revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En esa ocasión la Suprema Corte consideró que las disposiciones de geolocalización aunque constituyen una interferencia o invasión en un ámbito protegido por el derecho a la privacidad, están apegadas a la Constitución.

La legislación vigente que fue revisada, establece las autoridades específicas que pueden solicitar la información y que ésta se podría pedir sólo en relación con investigaciones de delitos específicos.

Ahora esas disposiciones desaparecieron y sólo se hace mención de las “autoridades competentes en los términos que establezcan las leyes” y tampoco se hace mención de delitos específicos, pero además se incluye dentro de la información a conservar y que pueden conocer las autoridades datos personales de los titulares de la línea vinculada a un aparato móvil de comunicación como nombre y domicilio y los códigos internacionales que identifican al aparato y al usuario.

Así, ante este nuevo panorama, el tema tendrá que ser revisado nuevamente por la Suprema Corte, por lo que los términos de la geolocalización posiblemente queden definidos jurídicamente hasta finales del 2015 o principios del 2016.

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