La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de tesis con la que estableció dos criterios jurisprudenciales sobre la pensión alimenticia.

En el primer criterio se establece que el juez debe recabar de oficio las pruebas que le permitan conocer las posibilidades del acreedor y las necesidades del deudor y, en el segundo criterio señala, que las pruebas que acrediten esas posibilidades y necesidades en juicios alimentarios, deben recabarse antes de que se dicte sentencia.

En el primer caso los ministros señalaron que conforme a los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria, atendiendo a las circunstancias particulares el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten cuáles son las posibilidades económicas del acreedor y las necesidades que tiene el deudor para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión.

Asimismo, señalaron que ésta viene a ser una forma de resolver el  problema que comúnmente se presenta cuando existe la imposibilidad de que el acreedor alimentario demuestre los ingresos del deudor alimentario y la resistencia de este último a aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos.

En cuanto al segundo criterio que determina que  los medios probatorios sobre la situación del acreedor y deudor alimentario deben recabarse antes de la sentencia, la Primera Sala señala que el monto de la pensión alimenticia no puede ser fijado en un procedimiento distinto porque exactamente en los juicios de alimentos la determinación de la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obligación, constituyen el conflicto a resolver en el juicio principal.

Así, el juzgador debe allegarse de los elementos necesarios que acrediten la situación del deudor y del acreedor, antes de que se dicte una sentencia.

Además, la Suprema Corte destaca que aplicar en estos casos un incidente liquidación, haría prácticamente imposible para el juzgador recabar, recibir y desahogar las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria.

Estos criterios se establecieron al interpretar el Código Civil, y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del Estado de Veracruz.

Por otra parte, al resolver un amparo directo en revisión, la Primera Sala también reiteró su criterio sobre la importancia de las labores domésticas y estar a cargo del cuidado de los hijos y el impacto que éstas tienen en el sostenimiento de las cargas familiares y en la compensación que debe otorgarse al cónyuge por haberlas desempeñado. Protección que, por otra parte, se encuentra reconocida en el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los ministros señalan que las labores domésticas realizadas por la cónyuge o concubina y el cuidado de los hijos, es una aportación patrimonial de bienes incorpóreos que contribuyen al sostenimiento de la familia, que permite al menor crecer en un ambiente que le garantice la satisfacción de las necesidades elementales de alimentación, salud, vivienda, educación, sano esparcimiento y demás necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado.

Reconocer la contribución económica que implican las labores del hogar en general no puede considerarse como una carga desproporcional que desconozca las posibilidades y medios económicos del otro cónyuge y, por tanto, no viola el principio de proporcionalidad.

Con esta decisión la Suprema Corte, confirmó la sentencia de un Tribunal Colegiado y negó el amparo a un papá que al ser condenado a proporcionar alimentos a sus hijos, cuestionó de ilegal que se le obligara sólo a él a realizar una aportación económica para pagarlos y se excluyera a la madre de dicha obligación. Razón por la cual, según él, el tercer párrafo del artículo 161 del Código Civil para el Estado de Chiapas viola el principio de proporcionalidad.

El tercer párrafo del artículo 161 del Código Civil para el Estado de establece que “las labores domésticas realizadas por la cónyuge o concubina que se encuentre al cuidado de los hijos, formarán parte de la contribución económica del hogar, valorándose en la misma proporción de la del cónyuge o concubino que aporte el sustento de éste en dinero o en especie”.

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