Después de que con bombos y platillos se aprobaran en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformas a la Ley de Protección Animal, que incluye la obligación de poner un chip  a las mascotas, el gobierno del Distrito Federal hizo observaciones al proyecto y lo regresó para su revisión.

Una de las principales observaciones fue en relación al chip, que conforme a las reformas tendría que ser implantado en cada mascota. El gobierno señaló que existen dudas técnicas ya que este dispositivo no es asequible para todas las personas, por lo que considera más adecuado que se refuerce el fomento y cuidado de las mascotas.

Asimismo, el ejecutivo del Distrito Federal considera que las modificaciones a la ley invaden la competencia federal, porque la Asamblea no cuenta con facultades para legislar en los términos que se propuso.

Por otra parte se destaca que aunque se fomenta la actividad de los albergues para perros y gatos, se les impone una serie de obligaciones que hacen casi imposible llevar a acabo esta actividad.

Varias organizaciones de la sociedad civil y veterinarias se manifestaron en contra de estas reformas al considerar que se regula en exceso, provocando un perjuicio más que un marco adecuado de protección para las mascotas.

Las organizaciones solicitaban la modificación de artículos que prohíben la venta de animales de compañía en mercados, tianguis o por particulares y también que se eliminara la obligatoriedad de la esterilización o que un menor de 14 años paseara a una mascota.

El Jefe de Gobierno devolvió a la Asamblea legislativa las reformas a la ley con fundamento en el artículo 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que faculta al Jefe de Gobierno para realizar observaciones y devolver los proyectos.

El proyecto devuelto con observaciones deberá ser discutido de nuevo por la Asamblea, pero si las dos terceras partes del número total de votos de los diputados presentes en la sesión, confirman el proyecto, este deberá promulgarse.

Sin embargo, el ejecutivo del DF ya empezó negociaciones con la Asamblea para establecer mesas de trabajo y elaborar una nueva iniciativa que incluya propuestas de la sociedad civil.

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