Birrete y mazo

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal decidió conceder el amparo a favor de una menor que era víctima de acoso escolar contra las omisiones de las autoridades educativas federales por sostener la situación.

La resolución señala que dichas autoridades no adoptaron las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la menor ante los posibles riesgos de abusos a sus derechos fundamentales dentro de la escuela pública en la que estudia, tolerando el acoso escolar del que era víctima.

Con las citadas omisiones, señala el juzgador, se violaron los derechos fundamentales de petición y respuesta previstos en el artículo 8° constitucional, “así como por los preceptos referentes al interés superior del niño previstos en los tratados internacionales”. Esre principio también se encuentra previsto en el octavo párrafo del artículo 4° de la Constitución que establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos...”

La Suprema Corte de Justicia ha manifestado que “la expresión ‘interés superior del niño’... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

La resolución se sustenta además en la Convención sobre los Derechos del Niño, en criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tratados internacionales en la materia.

Con este amparo, las autoridades omisas, que en este caso son la Directora Regional de Servicios Educativos Centro de la Secretaría de Educación Pública y el Supervisor de la Zona Escolar Siete, deberán asignar a una mujer de la escuela primaria para que proteja a la menor, de manera discreta, vigilando las entradas, cambios de clase, recreos y almuerzos, a fin de evitar el acoso escolar.

Asimismo, las autoridades están obligadas a escuchar a la menor sobre la aplicación de las medidas que se han tomado, si han subsistido las agresiones e indique qué otras medidas puedan dictarse para que se sienta protegida y en confianza en el centro escolar y si es su deseo cambiar de grupo.

Las autoridades responsables tendrán que rendir un informe mensual al representante especial de la menor sobre las medidas que se sigan adoptando para salvaguardar la integridad de la niña en el centro de estudios durante todo el año escolar.

Este podría ser el primer amparo que se concede en relación al acoso escolar, sentando un precedente sobre las medidas necesarias para evitarlo.

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