En el caso del secuestro del joven Fernando Martí Haik, la familia ha recibido un terrible revés ya que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ha ordenado que se reponga el procedimiento del presunto responsable de este secuestro por la falta de la firma del Ministerio Público federal en la declaración preparatoria.

En la declaración preparatoria, el juez exhorta al acusado para que nombre defensor o solicite un defensor de oficio, se le explican sus derechos y el juez informa al inculpado quien lo acusa, de que delito le acusan, los hechos y las pruebas que pesan en su contra. El inculpado puede declarar o reservarse ese derecho. Al final se firma la constancia respectiva por el inculpado, su defensor, el juez, el secretario de acuerdos y el agente del ministerio público adscrito al juzgado penal.

Sin embargo, el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que en todas las audiencias deberá estar presente el agente del Ministerio Público.

Los criterios de los tribunales establecen que si en el acta que se levantó con motivo del desahogo de dicha diligencia, únicamente se asentó que el ministerio público asistió a la declaración preparatoria, pero no firmó el acta ni se expuso el motivo o las causas por las cuales omitió o se negó a firmar dicho documento, entonces se presume que no estuvo presente cuando se llevó a cabo la diligencia.

Al no estar presente, se considera que esta actuación se llevó a cabo violando el principio de debido proceso, afectando la defensa del quejoso.

El proceso judicial que duró tres años para obtener una sentencia de 31 años de prisión en contra del presunto secuestrador, deberá reponerse a partir de la declaración preparatoria, si el Ministerio Público Federal no impugna esta decisión.

Los errores de la autoridad terminan costándole a la ciudadanía, porque después de seis años la familia aun no ha recibido justicia.

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