A fin de evitar que se suspendan las clases en los centros educativos a consecuencia del ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores académicos o administrativos de las instituciones, se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que “el derecho a la educación y el derecho a huelga de los trabajadores ha interactuado sin éxito a lo largo de los años, pues es lamentable y común ver huelgas que dejan a miles de alumnos sin acceso a su derecho de recibir una educación”.

En el documento se reconoce que el ejercicio del derecho a huelga es vital para salvaguardar la justicia laboral, sin embargo su ejercicio en el sector educativo afecta a los alumnos “un tercer interesado que nada tiene que ver con las relaciones laborales y que es el mayor afectado por la decisión de ejercer el derecho constitucional de huelga, al ver truncada la posibilidad de continuar con su también derecho constitucional de recibir educación”.

Esta iniciativa toma como base la experiencia de los estudiantes de la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes promovieron un amparo en contra del emplazamiento  a huelga que interpuso el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana.

En ese caso el juez concedió el amparo, considerando factible “ una medida cautelar para que sin desdoro del derecho que tienen los trabajadores asociados al sindicato emplazante, se logre la coexistencia con el derecho humano del estudiante quejoso, esto es, para que las actividades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo queden paralizadas conforme a lo establecido por el artículo 451, de la Ley Federal del Trabajo, salvo en las áreas destinadas para la impartición de las cátedras a que tiene derecho a recibir el quejoso, logrando con ello una eficacia horizontal de los derechos humanos tanto de los trabajadores como del estudiante”.

Así, la iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 3° constitucional para establecer que "El derecho a recibir educación al que hace referencia el presente artículo, incluyendo a la educación superior, no podrá ser suspendido en el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores de la institución que preste los servicios educativos.”

La iniciativa también cita distintos supuestos previstos Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo en los que se prevé que en una huelga se conserve el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para no perjudicar a terceros o las instituciones.

Además se contempla adicionar una fracción al artículo 466 de la Ley Federal del Trabajo a fin de que los trabajadores huelguistas continúen prestando servicios en los “III. Centros educativos, debiendo continuar con la impartición de clases, así como los procedimientos administrativos encaminados a liberar en tiempo y forma la documentación necesaria para acreditar los estudios cursados en el centro educativo”.

Asimismo se adiciona al artículo 353-R para que en caso de huelga también se considere conservar el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para a dar cumplimiento a lo que se refiere la fracción III que se añade al artículo 466 de la Ley.

En la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado se propone agregar al artículo 109 que también el Tribunal fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúe el ejercicio del derecho a la educación.

Esta es una iniciativa que de ser discutida en las  comisiones y el pleno de las distintas Cámaras del Congreso de la Unión, se prestará a mucha controversia.

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