El pasado 10 de mayo se puso en marcha en el estado de Michoacán la Fuerza Rural o Policía Rural, a la que se incorporaron a algunos de los miembros de los grupos de autodefensa de esa entidad, pero aparentemente nadie conoce a ciencia cierta el marco jurídico de esta agrupación.

Algunos diputados del Congreso local han destacado que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo no hace mención de la llamada “fuerza rural”.

Los legisladores consideran necesario aclarar si este agrupamiento surge a partir de un acuerdo administrativo del Ejecutivo estatal, o bien mediante qué disposición se determinó su creación, para en cualquier caso determinar si es necesario incluir la figura en la legislación estatal.

Para los miembros del Congreso local, un acuerdo administrativo no es suficiente ya que consideran necesario que la ley defina sus facultades, responsabilidades y el área de cobertura que puedan tener, es decir, si es una fuerza que va a tener facultades estatales o si va a estar únicamente delimitada hacia un municipio o una región.

Además, según la información publicada, estarán integrados a la Secretaría de Seguridad del Estado y utilizarán la licencia de portación de armas colectiva que se ha otorgado a esa dependencia para portar las armas que se les entregarán para el ejercicio de sus funciones.

El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, Alfredo Castillo, ha manifestado que existe un decreto por el cual se crea esta agrupación, pero nadie lo conoce.

Por su parte, el gobernador del Estado declaró que por lo pronto los salarios de la fuerza rural será cubiertos por la federación y que “ya hay un reglamento por ahí” que regula esta figura.

Es necesario que las Fuerzas Rurales y sus atribuciones estén previstas en algún ordenamiento de carácter materialmente legislativo como una ley o un reglamento, ya que de lo contrario esta unidad administrativa resultaría inexistente y crearía incertidumbre jurídica para los particulares, atendiendo al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional por virtud del cual las autoridades del poder público sólo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les permite. De manera que el simple nombramiento de una autoridad no prueba, en modo alguno, su existencia jurídica.

Finalmente, la tarde de ayer el gobierno del estado a través de su área de comunicación social empezó a difundir entre los medios de comunicación el Decreto que da origen a la Fuerza Rural Estatal y que próximamente será publicado en el periódico oficial del estado.

Según ese documento la Fuerza Rural Estatal, es un área de reacción dentro del sistema de seguridad pública que estará bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.

Esa Secretaría tendrá la responsabilidad de conducir los procedimientos de convocatoria, reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como la separación o baja de sus integrantes.

La Fuerza Rural Estatal tendrá por objeto mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes dentro de las regiones estatales, municipios, cuadrantes, colonias, tenencias o comunidades.

Sus elementos desarrollarán funciones dentro de la circunscripción territorial para la que fueron adscritos, pero también podrán actuar fuera de ésta en casos de auxilio y a petición expresa de las corporaciones de seguridad municipal, estatal o federal.

De publicarse este Decreto, es posible que se de sustento a las Fuerzas Rurales, siempre y cuando cumpla con las disposiciones legales.

El problema es que, al menos en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, esto es crónico ya que la mayoría de las unidades administrativas no están previstas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, lo que las hace inexistentes. Tan profunda es esta irregularidad que las Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social no están previstas en el citado Reglamento Interior.

La irregularidad con que funciona Michoacán lleva al grado de que las cosas se hacen rayando la ilegalidad.

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