La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los titularse de los gobiernos de los estados pueden asumir el control de las policías municipales en aquellos casos que el propio ejecutivo juzgue como de fuerza mayor o cuando haya alteraciones graves al orden público.

La decisión del pleno establece que el municipio no pierde la competencia en el tema de seguridad, ya que la aplicación es estrictamente eventual y temporal, además de que no se deja de prestar el servicio, sino que se garantiza la continuidad del mismo.

Asimismo, se establece que los elementos de los cuerpos policíacos no pasan a depender del ejecutivo estatal, ya que la transmisión de mando no implica que las instituciones de seguridad pública municipal pasen al ámbito estatal, sino que conservan su subordinación al municipio, pero se verán obligados a acatar las órdenes que transmita el gobierno del estado.

Con esta decisión se reconoce la constitucionalidad de la Ley Estatal de Emergencia Policial de Nuevo León, que fue impugnada por el municipio de San Pedro Garza García a través de una controversia constitucional, argumentando que dicha facultad que se concede al mandatario estatal es completamente discrecional, por lo que era necesaria una norma que la reglamentara.

Los ministros destacaron que esta facultad de los gobernadores para asumir el mando de las policías municipales tiene su origen en la Constitución federal que faculta a los gobernadores para hacerse cargo de la seguridad pública municipal en casos excepcionales.

Así lo establece el primer párrafo de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución federal que a la letra dice: “La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

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