Marihuana

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto analizar el amparo promovido por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, A.C. (SMART) y revisar cualquier acto relacionado con el cannabis, incluyendo la siembra, cultivo, cosecha, preparación y consumo.

La agrupación SMART argumenta que las prohibiciones previstas en la Ley General de Salud sobre la marihuana son contrarias  a los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados en la materia suscritos por el Estado mexicano de autodeterminación y libre elección.

Los miembros de SMART expresaron su confianza en que la Suprema Corte asumirá con seriedad su papel de órgano constitucional de los derechos humanos y llevará a cabo una discusión seria sobre los principios involucrados en esta decisión.

El Máximo Tribunal, a través del juicio de amparo, analizará si la política prohibicionista viola la Constitución y los tratados internacionales, pues la prohibición al consumo no es exclusivamente una cuestión de política pública, sino también un tema en el que está en juego el respeto a los derechos humanos de quienes en conciencia, sin afectar a terceros, deciden consumir marihuana.

Por estricto turno, la presidencia del máximo Tribunal del país le asignó el caso al ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, quién además de elaborar el proyecto de sentencia, definirá si lo somete a la consideración de los once ministros del Pleno en una sesión pública; o bien, se resuelve prácticamente entre los cinco miembros de la Primera Sala con un debate previo y a puerta cerrada, como regularmente sucede.

SMART interpuso en agosto del 2013 la demanda, la cual inicialmente fue desechada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal por considerar que los intereses de los quejosos estaban por debajo de la obligación que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos.

Los quejosos solicitaron la revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, también con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que por haber un reclamo de constitucionalidad trascendente, debía enviarse el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que asumiera su competencia.

Más información en grupoformula.com.mx

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