Con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de este año, empezó el plazo de un año para que las empresas que tienen concesión para prestar el servicio de telefonía móvil registren a todos los usuarios de líneas de los llamados celulares, con la finalidad de que se cuente con una base de datos que sirva para la investigación de la comisión de diversos delitos como la extorsión o el secuestro.

El registro de las líneas no es algo nuevo en el mundo. De hecho es una práctica que se efectúa en casi todos los países de Europa y aunque se trata de leyes un tanto controvertidas, los datos registrados quedan protegidos por normas de privacidad y la función que se cumple con este registro es también el de seguridad.

En México, bajo esta ley, es obligación de las empresas de telefonía móvil registrar los siguientes datos: 

  • Número y modalidad de la línea telefónica, ya que opera tanto en líneas de prepago como de plan tarifario.
  • Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente;
  • En caso de personas morales, además se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia del documento que acredite capacidad para contratar.

Las empresas además deberán mantener por un período mínimo de doce meses el registro de todas las comunicaciones que se hagan y que permitan obtener datos como el tipo de comunicación, el origen y destino de las comunicaciones, fecha, hora y duración de la comunicación y la ubicación geográfica.

Todos estos datos quedan protegidos y solo pueden ser utilizados por las empresas de telefonía móvil para entregarlos a la PGR o a las procuradurías estatales cuando así sean requeridos, mediante orden de un juez, para la investigación de la comisión de algún delito de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias.

Así, si la empresa de telefonía llegara a utilizar los datos con otros fines, los usuarios quedamos protegidos con acciones tanto penales como administrativas.

Los artículos transitorios de esta Ley establecen claramente que las empresas concesionarias del servicio tienen la facultad de suspender el servicio, sin derecho a pago o indemnización, a aquellos usuarios que se nieguen a registrar sus teléfonos y a presentar la información requerida en el plazo de este año que, como ya se mencionó, inició el pasado 9 de febrero.

Como usuarios tenemos la obligación de registrar la línea, de denunciar inmediatamente cualquier robo, pérdida o extravío de línea y de notificar cualquier venta o cesión de línea para que el nuevo usuario quede registrado.

No negamos que se trata de una ley muy controvertida y quizá no sea la mejor solución, pero es la manera que el Congreso consideró que se puede frenar un poco la ola de delitos que se cometen al amparo del anonimato de los teléfonos celulares. Falta que la PGRy las procuradurías estatales hagan su tarea de investigación y que las denuncias no queden archivadas como otro caso sin resolver.

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