Para Gabriel Gutiérrez Frías una herencia se convirtió en una pesadilla que lo llevó a él y a su esposa a la cárcel acusados injustamente de fraude.

En 2006, Gutiérrez Frías heredó de su tía un inmueble ubicado en Naucalpan, Estado de México, y una vez realizado el proceso de sucesión correspondiente, un notario público hizo constar en escritura pública que él era el propietario de la casa.

Al inscribir el testimonio de la escritura en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), el notario solicitó el certificado de libertad de gravámenes correspondiente señalando el Instituto la inexistencia de cargas o gravámenes sobre el inmueble.

El certificado de libertad o existencia de gravámenes es la certificación por parte del IFREM para determinar si un bien tiene alguna carga registrada como el embargo o alguna hipoteca.

Tiempo después, el inmueble fue transferido otra vez, en este caso a la esposa de Gutiérrez Frías, para lo cual un notario nuevamente solicitó la certificación de libertad de gravámenes al IFREM y de nueva cuenta el Instituto manifestó que no existía ningún gravamen sobre el inmueble.

En 2009 la pareja Gutiérrez Frías decidió vender el inmueble y por tercera vez, a solicitud del fedatario público,  el IFREM certificó que el inmueble se encontraba libre de cualquier gravamen.

Sin embargo, tiempo después se enteraron que la tía había solicitado crédito por 800 mil pesos con un interés anual del 92%, garantizando el mismo con una hipoteca sobre la casa que había heredado a Gabriel Gutiérrez Frías.

Ante este panorama el comprador del inmueble se consideró defraudado y presentó denuncia en contra de la pareja dictándose auto de formal prisión en su contra por lo que la pareja interpuso un amparo.

Al revisar el caso, el juez federal consideró que el auto de formal prisión era infundado al haberse estimado de manera imprecisa que el delito estaba acreditado, ya que “se dio inadecuadamente valor y alcance probatorio a ciertos elementos de convicción que constan en autos” para concluir que se encontraba acreditada la acusación.

Y es que para que se configure el delito de fraude al disponer de un bien que está gravado es necesario que exista conocimiento de ese hecho, y en el caso, Gabriel Gutiérrez Frías desconocía que el bien inmueble que había heredado tenía una hipoteca, lo cual resulta evidente al certificar en tres ocasiones distintas el IFREM que el bien inmueble estaba libre de gravamen.

Esto puede deberse a un error reiterado del IFREM o del propio acreedor que tal vez no registró la hipoteca en el Instituto. En cualquier caso, el error del IFREM o la omisión del acreedor tienen en este momento en la cárcel a Gabriel Gutiérrez Frías y a su esposa.

La pareja ha tratado de  llegar a un arreglo con el acreedor para pagar el crédito y evitar que el comprador pierda la propiedad y mientras esperan que un amparo les conceda la libertad y repare el daño causado por los tribunales que los ven como presuntos culpables.

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