Desde el pasado viernes el estado de Jalisco vive un conflicto social por el aumento a la tarifa del transporte de pasajeros, después de que un autobús se estrellara contra una parada afuera de la Preparatoria 10, lesionando a 20 personas. Una de ellas falleció mientras era operada.

Esto generó que 10,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara encabezados por el rector general, se manifestaran para exigir mejoras reales en el transporte público y que el gobernado del estado decretara disminuir la tarifa de transporte colectivo de pasajeros en esa ciudad de siete a seis pesos.

Desde el mes de diciembre la tarifa había aumentado de seis a siete pesos en todo el estado de Jalisco, lo que motivó distintas protestas por parte de los ciudadanos y que inclusive se promovieran juicios de amparo colectivos señalando la falta de elementos técnicos que permitan determinar con precisión cuánto debe costar el pasaje. En estos amparos también se argumentó que no existían evaluaciones para comprobar que el servicio es de calidad, eficiente y funcional, según lo prevé la Ley de Movilidad, por lo tanto, el precio no era correlativo al servicio.

Con estos amparos se pretendía declarar inconstitucional la tarifa y lograr que para fijar ésta se tomara en cuenta la calidad y eficiencia del servicio, existiendo una correlación entre el precio que se paga y el servicio que se recibe.

En el “Acuerdo Del Ciudadano Gobernador Constitucional Del Estado De Jalisco, Mediante El Cual Modifica Temporalmente Las Tarifas De Transporte Público Colectivo De Pasajeros” el gobierno del estado concede la razón a aquellos que se han opuesto al aumento de tarifas al reconocer que pese a que los transportistas se comprometieron a “mejorar significativamente la seguridad y la calidad en la prestación del servicio”, estos no han cumplido cabalmente, como sucede en todos los estados de la República.

Así el gobernador del estado considera necesario analizar la situación que prevalece en relación a la calidad, seguridad, higiene y eficiencia del transporte colectivo de pasajeros, por lo que tácitamente se acepta que no se realizaron las evaluaciones necesarias o estas fueron insuficientes al autorizarse el aumento al transporte.

Además se reconoce, como sucede en casi todo el país “que no se ha renovado la mayor parte del parque vehicular con que se presta el servicio y en muchas ocasiones las unidades no han sido objeto de las adecuaciones, reparaciones y mantenimiento que exige el interés público y social para que el servicio tenga la calidad deseada”.

El gobierno de Jalisco cita problemas del transporte colectivo de pasajeros que son comunes con otras entidades del país: los conductores no están debidamente capacitados y certificados por la autoridad, “lo que determina que el trato hacia el usuario no sea el deseado; transitan con un número de pasajeros mayor al que les es permitido;  constantemente rebasan los límites de velocidad.

El gobierno de Jalisco también se refiere al “sistema de retribución al operador… que se basa en la comisión o porcentaje por el número de boletos vendidos”, lo que desemboca en una competencia férrea e inconsciente que lleva a provocar accidentes con consecuencias inclusive fatales para la ciudadanía.

Las 10 principales inconformidades que reportan los usuarios en Jalisco son mal servicio en general, choferes que niegan el servicio a los usuarios, fuman en la unidad, conducen a exceso de velocidad, son groseros con los pasajeros, agreden, no siguen la ruta correcta, cobran tarifa de siete pesos, conducen con frecuencia lenta y agreden con las puertas.

En Guadalajara optaron por autorizar la nueva tarifa sólo a aquellos transportistas de Guadalajara que cumplan con lo convenido.

Los problemas que se presentaron en Jalisco son comunes a todas las entidades, por lo que debería ser una llamada de atención, como en el caso de Veracruz, en donde se celebran convenios que rayan en la ilegalidad para autorizar incrementos de tarifa injustificados en perjuicio de la ciudadanía.

miabogadoenlinea.net