El juez Tercero de Distrito con domicilio en Oaxaca decidió admitir el juicio de amparo promovido en contra de los poderes ejecutivo y legislativo tanto federal como locales, por omisión legislativa, al no promover reformas para reconocer el matrimonio igualitario en todo el país.

En la demanda se alega el incumplimiento a los artículos 1, 2 y 28 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que establecen las obligaciones de respetar los derechos humanos, de adecuar la legislación interna para que ello suceda y que la división de competencias no es excusa para incumplir la convención.

Además se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no admitir la unión entre parejas del mismo sexo resulta discriminatorio por preferencia sexual, además de que constituye una violación al principio de igualdad.

Por otra parte la demanda señala que el federalismo no puede ser una excusa para que en cada entidad de la República se legisle sobre la materia.

Aunque en el país ya se han celebrado uniones del mismo sexo en entidades como el Distrito Federal, Coahuila o Colima donde existe la figura de enlace conyugal para las uniones de parejas del mismo sexo, en estados como Chihuahua o Oaxaca esto sólo ha sido posible a través de juicios de amparo.

En todos los caso en que la Suprema Corte ha analizado el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo ha señalado que no permitirlo es discriminatorio, sin embargo, es necesario que en cada una  de las entidades federativas la legislación civil sea modificada.

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