Mazo judicial

Después de analizar la constitucionalidad de al artículo 291 de la Legislación Penal de Aguascalientes, la Suprema Corte determinó que a partir de la reforma constitucional de 2008 que establece el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ni el congreso de Aguascalientes ni ningún otro congresos local cuenta con facultades para legislar respecto del arraigo, concluyendo que esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Los ministros  de la Corte consideraron que el artículo décimo transitorio de esa reforma constitucional, no otorga a los estados la facultad de legislar en esta materia, y que la norma se refiere exclusivamente a las disposiciones que estaban vigentes al momento de entrar en vigor la reforma, mismas que pueden seguir aplicándose.

Esta decisión tendrá efectos generales retroactivos por tratarse de una disposición general emitida por el Congreso local, por lo que cada juez del fuero común en Aguascalientes deberá determinar en cada caso concreto qué pruebas carecen de valor cuando se hayan obtenido durante un arraigo decretado en términos del artículo 291 de la Legislación Penal de Aguascalientes, que actualmente ya no se encuentra vigente.

La Legislación Penal de Aguascalientes fue sustituida en noviembre de 2013 por el Código de Procedimientos Penales de Aguascalientes y en su artículo 129 también contempla la figura del arraigo, pero la mayoría de los ministros consideraron que la inconstitucionalidad no podía extenderse a esta nueva norma por no haber sido materia del análisis.

Sin embargo, con base en este precedente, cualquier persona, ya sea de Aguascalientes o de otra entidad federativa en la que exista el arraigo para delitos del fuero común, podrá solicitar el amparo por carecer los estados de facultades para legislar en la materia, siempre y cuando se trate de una disposición posterior  a junio de 2008.



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