Tribunal electoral

Magistrados de los tribunales electorales de Veracruz, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Colima, Tabasco, Tlaxcala, Sonora y Durango solicitaron se declare inconstitucional el Artículo Décimo Transitorio de la reforma político electoral, por contravenir el principio de inamovilidad del poder judicial.

Esos funcionarios interpusieron 40 juicios para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del Artículo Décimo Transitorio de la reforma político electoral que prevé que los magistrados de los tribunales electorales locales que se encuentran actualmente en funciones dejen ese cargo cuando el Senado nombre a los nuevos magistrados en cada entidad federativa.

Sin embargo, el principio de inamovilidad previsto en la fracción III del artículo 116 de la Constitución federal establece que los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados.

Así, la inamovilidad judicial se alcanza una vez que un magistrado es ratificado en su cargo y sólo puede ser removido conforme a las disposiciones de las constituciones locales y las leyes de responsabilidades.

En el caso de los magistrados de los tribunales electorales de los estados que impugnan la constitucionalidad del Décimo Transitorio de la reforma político electoral, ya han sido ratificados y alcanzado el carácter de inamovibles por lo que existiría una contradicción entre esta disposición transitoria y el texto del artículo 116 constitucional.

Los magistrados solicitan que se analice qué tan válido es que una disposición transitoria modifique situaciones previstas en el texto constitucional.

La reforma da a todos los Tribunales Electorales locales el mismo trato sin embargo, algunos forman parte del Poder Judicial de cada estado y otros además de la materia electoral, tienen otro tipo de competencias.

Finalmente, existen magistrados que a través de procesos judiciales con sentencia definitiva han logrado que se reconozca el principio de inamovilidad en sus cargos, y la reforma se contrapondría a estas sentencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en jurisprudencia, “que el principio de inamovilidad constituye no sólo un derecho del funcionario, … sino, principalmente, una garantía de la sociedad de contar con Magistrados independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administración de justicia consagra nuestra Carta Magna”.

La SCJN también señala que el que se otorgue el cargo de magistrado a funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias no es consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema de evaluación sobre su desempeño que incorrectamente haya llevado a su nombramiento o ratificación.

Finalmente la Corte señala que la inamovilidad judicial no es garantía de impunidad, “ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige, en tanto esta garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo sujeción a la ley, sino también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley”.

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