Al declararse por parte del Consejo de Salubridad General de que la Influenza se trata de una enfermedad grave, varios laboratorios nacionales han estado ejerciendo presión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que las patentes de los medicamentos que se utilizan para curar dicha enfermedad, como el Tamiflú, se abran y pueda ser fabricado por estos laboratorios mexicanos.

La solicitud se base en el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece en su primer párrafo que “por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto (IMPI), por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.”

Según este mismo artículo, el Consejo de Salubridad General debe hacer una declaratoria de atención prioritaria de la enfermedad y una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, las farmaeceúticas podrán acudir ante el IMPI para que se conceda esta licencia de utilidad pública que les permita fabricar el medicamento en cuestión. El IMPI, previa audiencia, deberá resolver en un plazo no mayor de 90 días.

Sin embargo, salvo la declaratoria publicada el 2 de mayo de enfermedad grave, el Consejo de Salubridad General no ha declarado la prioridad y se especula que por el contrario, se declarará que no procede la concesión de licencias de utilidad pública porque no se ha impedido, entorpecido o encarecido la producción, prestación y distribución de los medicamentos contra la Influenza.

Por ello, todo parece apuntar a que las empresas farmacéuticas nacionales no podrán fabricar estos medicamentos cuyas patentes pertenecen a empresas extranjeras como GlaxoSmithKline o Roche.

El riesgo del gobierno al abrir estas patentes radica en que la propiedad industrial está regulada por normas internacionales que al ser incumplidas podrían llevar a multimillonarias demandas contra el gobierno mexicano. Por ello, hasta que no sea estrictamente necesario, las licencias no serán de utilidad pública. 

Fuente El Universal

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