Si todos los recursos fallan, mañana a las 18:00 horas en Huntsville, Texas, Estados Unidos, será ejecutado Edgar Tamayo Arias, un mexicano sentenciado a pena de muerte por el asesinato de un policía en Houston en 1994.
Tamayo es uno de los 51 mexicanos que forman parte del llamado caso Avena, un juicio seguido por México en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que dicha Corte resolvió en 2004 que Estados Unidos violó en todos estos casos el artículo 36 de la Convención de Viena al no informar a estos mexicanos del derecho a la asistencia consular previsto en esta disposición, y al no notificar a las autoridades consulares de la detención de 49 nacionales mexicanos.
La CIJ determinó que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las condenas y sentencias, por el medio de su elección, y que esa revisión y reconsideración debe darse a través de un proceso judicial en el que se valore si la violación del tratado causó un perjuicio real al acusado.
En 2005 el entonces presidente Bush mediante un memorando instruyó a las cortes estatales para dar cumplimiento a la sentencia, pero esta instrucción fue apelada por Texas.
En 2008 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sentenció que ni la sentencia de la CIJ “ni el Memorando del Presidente constituyen una ley federal directamente aplicable que supere los límites impuestos por los Estados en las sucesivas peticiones de hábeas ". Sin embargo, reconoció que "se crea una obligación de derecho internacional para Estados Unidos y que el Congreso podría darle efectos en su territorio "a través de la implementación de una ley”.
Conforme a la Constitución de los Estados Unidos los estados no están obligados a cumplir con los compromisos judiciales que asume la federación, por lo que no pueden ser forzados a cumplir con fallos de instancias internacionales, y en consecuencia éstos no se consideran vinculantes.
Por ello se necesita una legislación específica para que cada estado se obligue a respetar las decisiones judiciales que se refieran a Estados Unidos en conjunto. Ya han existido dos intentos para que el Congreso de Estados Unidos apruebe esta ley, pero no se han obtenido resultados.
Para detener esta ejecución, la defensa de Tamayo ha interpuesto una demanda ante cortes federales contra la Junta de Perdones de Texas y del gobernador Rick Perry, a los que acusan de “Procedimientos de Clemencia Inadecuados” ya que han negado el acceso a la defensa a los argumentos y evidencias presentadas por el fiscal que se opone a la clemencia de Tamayo y sus miembros se han negado incluso a reunirse para discutir la petición de clemencia.
Tamayo sería la tercera ejecución relacionada con el caso Avena, y aun quedan 7 en el estado de Texas.
Otra crisis que enfrenta la pena de muerte en Estados Unidos es la falta de pentotal sódico. Dentro de la mezcla que se utiliza como inyección letal en Estados Unidos se utilizaba el pentotal sódico, pero ese país no lo produce y la Unión Europea se niega a vendérselo desde 2011, por lo que han tenido que experimentar con nuevas drogas, con resultados muy desagradables.
Este ha sido un argumento utilizado para detener las ejecuciones porque aunque conforme a la jurisprudencia estadounidense los condenados a muerte no tienen el derecho a una ejecución sin dolor, si tienen una protección constitucional a fin de no recibir un castigo cruel e inusual, que podría derivarse del uso de drogas distintas.
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