La Suprema Corte de Justicia de la Nación esta pór definir  la constitucionalidad de un paquete de reformas que faculta a las procuradurías, tanto federal como locales, solicitar a las compañías de  telecomunicaciones los datos de localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil relacionados con alguna investigación respecto de ciertos delitos.

Esta facultad está prevista en los artículos 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales; y 16, fracción I, apartado d, y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y entró en vigor el 18 de abril de 2012.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones ya que considera que violan el derecho humano a la privacidad o a la vida privada, además de considerarlos contrarios a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, porque sin mediar mandamiento escrito de autoridad judicial que funde y motive la causa legal, pueden ordenar la localización geográfica “de una persona”.

El proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos propone desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, con el argumento de que la reforma no viola el derecho humano a la privacidad de una persona, pues la ley sólo faculta a la procuraduría a localizar aparatos, pero no a iniciar una intervención de las llamadas, cateo o detención de una persona. "La ley no se refiere a la localización de una persona, sino de un aparato", subrayó

Hasta este momento cuatro ministros están a favor de la constitucionalidad y dos en contra de la misma.

La decisión que tome la SCJN también impactará al proyecto de Código Nacional de Procedimiento Penal que se discute en el Congreso d ela Unión, ya que incluye una disposición parecida.

El asunto seguirá discutiéndose el próximo lunes.





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