Al presentar el pasado martes el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó un abandono a las funciones de seguridad pública e impunidad por parte de los gobiernos del estado y los municipales.

 

Asimismo, destacó que los grupos de autodefensa o policías comunitarias ejercen funciones a las cuales el estado de Guerrero no sólo ha renunciado, sino que ha delegado en los mencionados grupos de autodefensa.

 

Además, acusa al gobierno estatal de haber legitimado a los grupos de autodefensa al entregarles, tan solo de enero a junio, más de 11 millones de pesos, lo cual incluye la credencialización, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, equipos de comunicación y armamento; subrayando que con esta acción fue el propio gobierno el que violó la Constitución al permitir que los ciudadanos sustituyan las labores de seguridad.

 

Por su parte, el Gobierno del Estado de Guerrero ha respondido a través de un comunicado a la CNDH señalando que las policías comunitarias operan en esa entidad desde hace 18 años como auxiliares de seguridad pública en sus comunidades.

 

En el documento se destaca que la Policía Comunitaria está reconocida por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado, previéndose en el artículo 37 de dicha ley que en atención a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero el reconocimiento legal de estos cuerpos.

 

Por ello, precisa el gobierno de Guerrero, es que se ha apoyado con equipamiento a la Policía Comunitaria, la cual trabaja dentro del marco legal que rige en el Estado, no así los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un marco jurídico que los regule.

 

En efecto, las Policías Comunitarias son legales en la medida en que forman parte del cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ya que Ley Número 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y a la CRAC, y la CRAC y la Policía Comunitaria forman parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

 

Este ordenamiento también establece que se deben respetar “la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo”.

 

Y en consecuencia, “los órganos del poder público y los particulares, respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad”.

 

Por otra parte la Ley No 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero faculta a los Ayuntamientos para “crear y reconocer unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva integrados con miembros de la propia comunidad” y tienen el carácter de auxiliares de la seguridad pública.

 

Como características de esta policía el artículo 18 de la ley señala que deben “revestir el carácter de personas honorables y ser considerados aptos para la prestación del servicio de seguridad pública, tomando en cuenta los usos y costumbres de la propia Comunidad”.

 

Sin embargo, lo que omite el gobierno del estado es que la Ley 281 también establece que los miembros de las policías comunitarias deben ser “capacitados, evaluados, certificados y credencializados, tomando en cuenta sus usos y costumbres, como requisitos indispensables para el desempeño del servicio y su permanencia” lo que no ha sucedido hasta el momento.

 

Asimismo, tampoco existe la coordinación y supervisión “por los titulares de seguridad pública de los municipios, quienes informarán permanentemente sobre su funcionamiento, operación y resultados al Ayuntamiento”.

 

Tanto de parte de la CNDH como del gobierno de Guerrero, existen convenientes omisiones que en nada coadyuvan a pacificar a esa entidad.

 

 

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